Alberto Fabra corrigió ayer al PP de Alicante. El jefe del Consell matizó las palabras de José Juan Zaplana -número dos de José Císcar en la estructura provincial- y de César Sánchez -alcalde de Calp y vicesecretario general del PPCV- y reiteró que los políticos inmersos en casos de corrupción deben quedar en un segundo plano. «Los imputados no pueden tener un protagonismo en ningún tipo de campaña electoral. Hemos sido muy claros», zanjó Fabra, a preguntas de los periodistas, tras clausurar el I Congreso Internacional sobre Liderazgo: «El Liderazgo Europeo de la Comunitat Valenciana».
Fabra desbarató de esta forma el discurso del PP de Alicante. Este pasado miércoles, durante la presentación de una jornada con alcaldes, Zaplana defendió la necesidad de que todos los cargos públicos del partido se involucren en la campaña de las elecciones europeas. «¿Imputados? Cualquiera que ostente un cargo en el partido, tanto de representación en un ayuntamiento o en cualquier institución, están llamados a hacer campaña electoral», dijo. Y añadió: «Hasta que un juez no determine que una persona es culpable se le exige compromiso y trabajo». César Sánchez, mientras, asentía.
El presidente de la Generalitat no dejó pasar la ocasión de replicarles. Reiteró que un imputado «no puede tener protagonismo» ni el partido, ni en el Gobierno, ni en el grupo parlamentario, «y eso también va a pasar en cualquier tipo de campaña electoral». «Los imputados no pueden tener protagonismo, deben resolver las cuestiones en las que estén inmersos o en las que la Justicia pida su colaboración pero desde luego no pueden ser protagonistas», recalcó de nuevo.
No es la primera vez que el PP se enreda con las «líneas rojas» que fijó Fabra y que ha ido moviendo según su conveniencia desde que asumió el timón del partido. A las pocas semanas de suceder a Francisco Camps, el nuevo inquilino del Palau «laminó» de imputados el segundo escalón de la Generalitat. Además, ordenó que ningún dirigente con causas pendientes con la Justicia ostentara un cargo orgánico. Por el contrario, el grupo parlamentario de las Cortes se encontraba plagado de imputados. Hasta 11 llegó a acumular. Ayer, tras la renuncia de Luis Díaz Alperi, la cifra quedó reducida a cinco. Para ellos, sin embargo, la «línea roja» quedó fijada en el procesamiento. Cuando el magistrado dicte la apertura de juicio oral, tendrían que renunciar al acta.
Alberto Fabra no fue el único que desdijo ayer a los dos altos cargos del PP de Alicante. El síndic popular en las Cortes, Jorge Bellver, afirmó que las «líneas rojas» del PP en la Comunidad y las «directrices establecidas» por Fabra están «absolutamente claras». El portavoz del PP recordó que su formación tiene una organización provincial y regional en la que el presidente del PP «tomó una decisión», basada en que, en los órganos de dirección del partido, no hubiera «ningún miembro inmerso en procedimientos judiciales». Según ha insistido, se trata de una decisión que viene «desde hace mucho tiempo» y «entendida por las personas inmersas en estos procesos judiciales».
