Permisivo por un lado, pero inflexible por el otro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este viernes en la convención del PP de Valencia que ampliará el plazo para que los ayuntamientos devuelvan los préstamos del plan de pago a proveedores. A la vez, sin embargo, está estrechando el cerco sobre los ayuntamientos y les está pidiendo una previsión de ingresos y gastos hasta 2017. Es decir, de los próximos tres ejercicios.
Según ha tenido constancia este diario, todas las entidades locales de la provincia estaban obligadas a remitir sus planes presupuestarios antes del pasado 31 de marzo. Y en ellos debían plasmar con todo tipo de detalles qué tijeretazos piensan adoptar, si van a reducir el gasto en personal o si suprimirán cargos de confianza, entre otras muchas medidas.
Los municipios tenían que enviar los datos a través de una aplicación electrónica del Ministerio y debían rellenar un formulario u otro en función de su población. Las localidades de hasta 5.000 vecinos disponían de un modelo simplificado, en el que se tenía que plasmar la estimación de derechos y obligaciones reconocidas; la capacidad o necesidad de financiación de este año y los tres próximos; y la deuda viva del ayuntamiento tanto a corto como a largo plazo.
Las poblaciones con más de 5.000 ciudadanos censados se han visto obligadas a desmenuzar aún más sus cuentas. Han tenido que rellenar un modelo ordinario de cinco hojas: las dos primeras referentes a ingresos, las dos siguientes relativas a los gastos y una última, en caso de que fuera necesario, con los datos consolidados de todas las entidades que integran la corporación local. Así consta en la información que el Ministerio de Hacienda ha remitido a los ayuntamientos y la Diputación con las instrucciones para completar las tablas.
Las corporaciones han tenido que dar cuenta de una previsión de ingresos. Debían informar al Gobierno del dinero que esperan recaudar, por ejemplo, por la evolución de la actividad económica o la vinculada a la actividad urbanística. Pero también han tenido que especificar los fondos que recibirán gracias al impulso de determinadas políticas locales. En la documentación que ha remitido el departamento de Montoro a las entidades locales se cita un caso concreto: el del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Si la corporación tiene previsto modificar el tipo impositivo del tributo en los próximos años, debía comunicarlo al Ejecutivo y especificar el aumento de recaudación previsto por esa medida.
Ese apartado se resume en cuatro medidas. Los ayuntamientos y la Diputación han tenido que detallar si aumentarán sus ingresos por subidas de impuestos o supresión de bonificaciones; por potenciar la inspección tributaria; por tasas; y por otros acuerdos. Todas esas cifras se debían explicitar con detalle. En la segunda hoja que han rellenado las entidades locales debían aclarar, en concreto, a qué corresponde el aumento de los ingresos. Cuánto a la actualización del IBI, cuánto al incremento del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuánto al de Vehículos de Tracción Mecánica... Hasta ahí, los ingresos.
A continuación, las corporaciones han tenido que informar de los gastos previstos hasta 2017. En un apartado, el referente a los ajustes que se conseguirán gracias a actuaciones promovidas directamente por la entidad local, se ha pedido que se cuantifiquen hasta 15 medidas. Entre ellas destacan el ahorro que se conseguirá con el despido de asesores, con la reducción de contratos menores, con el adelgazamiento de la administración y con la reducción en la prestación de servicios que no son obligatorios para los ayuntamientos.
El Gobierno central ya pidió a los alcaldes estos datos hasta 2016 y ahora les ha vuelto a solicitar que actualicen esas cifras e incluyan la previsión de ingresos y gastos para el año 2017.
