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Castedo comunica a Climent que él ya tiene los documentos del PGOU que pide el fiscal

Los abogados de la alcaldesa de Alicante aseguran que lo solicitado por Felipe Briones fue remitido hace dos años al instructor en Alicante

Los abogados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, han remitido un escrito al magistrado que instruye la causa por presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, Juan Climent, en el que aseguran que el fiscal tiene desde marzo de 2012 la documentación que acaba de solicitar, una petición a la que el juez le ha dado luz verde. Los letrados detallan que todos los documentos fueron remitidos en esas fechas al juzgado que dirige Manrique Tejada, el magistrado que llevó la investigación por estos hechos en Alicante desde donde, en julio de 2012, la tuvo que enviar a Valencia por la presencia en la causa de Castedo y del exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos aforados. Explican que consta en autos que el fiscal recibió este material el 22 de marzo de 2012 y que entre todo lo enviado figuran los trabajos realizados por el arquitecto catalán Lluís Cantallops, contratado para la revisión del planeamiento y posteriormente despedido por la falta de sintonía con Alperi.

En el argumentario de su petición, el fiscal precisaba que en lo relativo a Cantallops únicamente obran en la causa «los planos de ordenación y el índice de planos de ordenación detallada» cuando los trabajos presentados por el arquitecto ante el Ayuntamiento en 2004 «son más complejos».

Los letrados de la regidora tachan la petición de Briones de «innecesaria, inútil e impertinente», aseguran que no entienden qué relevancia tiene para la causa un documento de 2004 que no fue tramitado y precisan que, aún así, no recurrirán la providencia por la que Climent valida la solicitud de Briones para evitar dilaciones. Eso sí, le piden al magistrado que le comunique al acusador público que los documentos que reclama están ya incorporados a la causa desde hace dos años y que se los haga llegar para que empiece a estudiarlos con celeridad.

En esta misma línea, los abogados muestran su «desazón ante el hecho de que el ministerio fiscal tarde más de dos años en darse cuenta de que tiene una documentación incompleta, lo que supone que la ha estado ignorando durante todo ese periodo», según se recoge en el escrito. Para ellos, esto sólo viene a ratificar las denuncias lanzadas sobre dilaciones indebidas y acredita por parte de la Fiscalía «una pasividad injustificable durante muchos de los seis años que ya se prolonga la instrucción».

En su opinión, «la Fiscalía ha venido desarrollando una actividad consistente en pedir diligencias de forma pausada, secuenciada, cuando la mayoría de las que solicita son inútiles para concretar las imputaciones, siendo así que las pedidas, casi en su totalidad, ya constan en autos, lo que ahora se acredita que desconoce el Ministerio Fiscal, y no sirven para acreditar los elementos típicos de los delitos imputados».

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