Una de cal y dos de arena. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer que la población, «sin duda», tendrá «el peso más importante», aunque no será «el único», a la hora de repartir el dinero en el futuro modelo de financiación, unas declaraciones con las que matizó su reciente intervención en el Congreso, cuando minimizó la importancia del gasto por habitante a la hora de asignar los recursos. Esas manifestaciones fueron un mazazo para el Consell y ayer su presencia inquietaba en Presidencia. De hecho, Beteta trajo a Valencia dos nuevos reveses. El más importante, que las deudas históricas reconocidas por el Estado a algunas autonomías, como la que ahora se está negociando con Extremadura, lo son «porque están en los estatutos de autonomía» de esas comunidades «y son conceptos que nada tienen que ver con los sistemas de financiación», manifestó a los periodistas antes de intervenir en la Intermunicipal del PP.
En el Congreso está pendiente desde marzo de 2011 la reforma del Estatuto valenciano impulsada por el Consell para blindar que la inversión estatal en la Comunidad Valenciana sea igual al peso de la población de ésta en España. Una vez Rajoy en la Moncloa, el PP y el Consell han aplazado tres veces su debate por el no de Génova. Ese blindaje no es estrictamente la deuda histórica pero ayudaría a compensar los agravios. Al ser preguntado sobre si se reconocería en caso de avalarse la reforma, no se mojó: «Sobre futuribles no merece la pena analizar».
No a la retroactividad del modelo
El número dos de Hacienda indicó que de la aplicación de una ley «nunca se puede derivar la existencia de una deuda», aunque sí la «necesidad» de cambiar el modelo. Y, dijo, van a «procurar» que en el futuro sistema «las disparidades no sean tan tremendas como ahora». En cambio, reiteró la posición del Gobierno contraria a que el modelo se aplique con retroactividad desde el 1 de enero de 2014 y también eludió hablar de los mecanismos de compensación exigidos por el Consell en su defecto. Fue el segundo golpe al Consell. Insistió en que la población tendrá un peso «dirimente» pero también hay que atender a criterios como la insularidad o la dispersión. Las palabras causaron malestar en Presidencia y en el equipo del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.
Montoro, quien intervino en una mesa posterior, anunció que aplazará a todos los ayuntamientos la devolución de la deuda del Plan de Pago a Proveedores. Y se dirigió a los 300 sometidos a planes de ajuste para recalcar que no van a quedar fuera. La recuperación, enfatizó, «está en marcha y va a llegar a todos los rincones de España», como está ocurriendo, dijo, en la Comunidad. Con ello, el Ejecutivo va a «volver a hacer las políticas de los 90» y, a medida que mejore la recaudación, «se devolverá a los ciudadanos en forma de rebaja de impuestos».
El ministro tuvo un guiño al presidente Alberto Fabra al resaltar el «esfuerzo muy importante» de la Comunidad en la reducción del déficit.
«Están haciendo una colaboración a esa recuperación que hay que poner en valor», subrayó, para añadir que «hay que seguir reduciendo el déficit porque nos sigue ahogando y nos entorpece la salida». No hubo una sola mención al futuro modelo de financiación. De hecho, en el entorno de Montoro no se da por hecho que vaya a poder cerrarse un nuevo sistema en 2015 ya que dependerá de la marcha de la economía.
En Hacienda se admite el esfuerzo del Consell por reducir el déficit pero tampoco quieren que se baje la guardia. Un alto cargo se preguntaba ayer en pasillos: «¿Qué habría pasado si el resto de comunidades no hubiera cumplido tampoco el límite del déficit?».
