Hasta una veintena de documentos entre planos, normas, fichas, memorias y directrices de los trabajos que sobre el planeamiento urbano de Alicante realizó el arquitecto Lluís Cantallops en 2004, el proyecto que se presentó después del avance previo de 2002. Éste es el material que se reclama al Ayuntamiento en la última providencia dictada por el magistrado Juan Climent en el marco del proceso que por las presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante se está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Una causa en la que está imputada, entre otros, la alcaldesa, Sonia Castedo, su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz a quien, según las acusaciones, facilitaron los políticos populares información urbanística reservada a cambio de regalos.
Con esta providencia, Climent da luz verde a la petición realizada por el fiscal anticorrupción Felipe Briones al considerar que dichas diligencias «no resultan inútiles ni perjudiciales en los términos que se expresan detalladamente y permiten precisar y establecer los datos obrantes en la causa».
En su argumentación, Briones explica que el Ayuntamiento ha aportado distintos trabajos de la revisión del PGOU de Alicante (el avance previo de 2002, los proyectos de 2004 y 2008 y las aprobaciones provisionales de 2009 y 2010) pero matiza que, en cuanto al proyecto de 2004 que realizó Cantallops (el arquitecto catalán contratad0 para llevar a cabo la revisión pero cuya falta de sintonía con el entonces alcalde, Díaz Alperi, provocó su despido) «únicamente obran» en la causa los planos de la ordenación y el índice de planos de ordenación detallada. (...) Sin embargo, los trabajos confeccionados por el señor Cantallops y presentados ante el Ayuntamiento en 2004 son más complejos».
El fiscal alude a un informe elaborado por los arquitectos municipales Miguel Ángel Cano, ya jubilado, y Manuel Beltrá donde se hace mención hasta a una veintena de documentos, que son los que ahora, cuatro años después de comenzar la instrucción de este asunto, se reclaman.
El fiscal explica también que los necesita «para su labor» y, aunque en la solicitud de la documental no se especifica qué es lo que el acusador público busca en este material, las pesquisas podrían ir encaminadas a un sector de la zona de Vistahermosa que, al parecer, no aparecía en los trabajos de Cantallops ni en las primeras versiones de Jesús Quesada, el arquitecto que le sustituyó y que también está imputado en esta causa, pero sí en la última.
