La renuncia de Milagrosa Martínez a su escaño en las Cortes y la marcha atrás temporal que ha dado Mónica Lorente en la Diputación han reabierto viejas heridas en el PP de la provincia de Alicante. La batalla entre campistas y zaplanistas (posteriormente ripollistas) parecía haberse superado cuando Alberto Fabra fue proclamado presidente regional del PP en el congreso de Alicante. Nada más lejos de la realidad.
Los posteriores bandazos que ha ido dando el jefe del Consell en su cruzada contra la corrupción han terminado por desconcertar a los dirigentes de su propio partido y reactivar viejos fantasmas. «Tenemos un lío. No sabemos cuándo quieren que se renuncie a un acta o cuándo tenemos que renunciar a las competencias. Depende de quién esté implicado», resumió ayer un alto dirigente popular de la provincia.
La línea roja que proclamó Fabra cuando accedió a la presidencia del partido se ha ido moviendo conforme le ha convenido. Primero dio órdenes para que ningún dirigente imputado pudiese ostentar cargos orgánicos en el PP. Su ejecutiva regional, de hecho, se encuentra limpia de encausados. Además, Fabra destituyó a todos los altos cargos de la administración autonómica que se encontraban inmersos en procesos judiciales. A la vez, sin embargo, Fabra convivía con una decena de diputados autonómicos populares imputados. Uno de cada cinco parlamentarios de la bancada del PP estaba inmerso en asuntos judiciales. Francisco Camps, David Serra, Milagrosa Martínez, Ricardo Costa, Angélica Such, Yolanda García y Vicente Rambla (todos ellos en las piezas de Gürtel); Sonia Castedo (Brugal); Luis Díaz Alperi (Brugal y un delito fiscal); Rafael Blasco (caso Cooperación); y Pedro Hernández Mateo (por amañar un contrato en Orihuela).
Con cada uno de ellos, la vara de medir ha sido distinta. A algunos se les invitó «amablemente» a renunciar al escaño, pero no lo hicieron; a otros, como a Blasco, se le forzó hasta tal extremo que prefirió solicitar la baja voluntaria; mientras que a otros, como a Milagrosa Martínez, se les ha lanzado un ultimátum: «O te vas o te echamos», le vinieron a decir cuando el Comité de Derechos y Garantías del PPCV nombró instructora para abrirle un proceso de expulsión. Y Martínez renunció. Ha abandonado las Cortes, pero se ha parapetado en la Alcaldía de Novelda. «Ha sufrido una operación de acoso acoso y derribo», resumió otro dirigente popular afín al expresidente Camps.
Días antes del adiós a las Cortes de «La Perla», la diputada provincial de Ciclo Hídrico, Mónica Lorente, también decidió por voluntad propia renunciar de manera temporal a sus competencias después de que un juzgado haya fijado día y hora para un juicio por una «desobediencia». Y Lorente, lejos de esconderse, convocó a los periodistas este jueves para dar explicaciones. En esa comparecencia no dio puntada sin hilo. Lanzó varios dardos envenenados contra el presidente provincial del partido, José Císcar, y aseguró que «la provincia anda revuelta», en clara alusión a las tensiones internas que vive de nuevo el PP.
La comparativa entre un caso y otro ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el seno de los populares. «No entendemos por qué se producen diferencias entre casos. Existen tratamientos desiguales. Si el juez termina declarando inocente a Milagrosa Martínez, ya no podría volver a las Cortes, siempre y cuando la sentencia se conozca durante la actual legislatura. Por el contrario, si Mónica Lorente también acaba inocente, sí tendrá la posibilidad de hacerse cargo de nuevo de sus competencias», agregó ese mismo dirigente.
Desde el otro bando, por su lado, matizan que un caso y otro no tienen nada que ver. Anticorrupción pide 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación para Milagrosa Martínez por sus adjudicaciones a la trama Gürtel cuando era consellera de Turismo. La Fiscalía considera que la también expresidenta de las Cortes pudo cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de cohecho y otro delito continuado de prevaricación administrativa al adjudicar el estand de la Comunidad para Fitur a la red que dirigía El Bigotes.
Por el contrario, Mónica Lorente (también imputada en Brugal) se sentará en el banquillo por un delito de falsedad documental al adjudicar las obras de una plaza tras su inauguración. Pero a diferencia de Martínez, no se expone ni a cárcel ni a inhabilitación. Esta renuncia, pactada con Luisa Pastor, no convence a los campistas: querían mano dura.
