En un escenario donde todos dependen de todos, la dimisión de Milagrosa Martínez puede conducir al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi a seguir sus pasos y no tardando mucho. La renuncia de la ya exdiputada conlleva, salvo sorpresas que nadie espera en la resolución de este conflicto de competencias, la salida del proceso por las adjudicaciones de Fitur del órgano autonómico con destino a la Audiencia de Valencia o a la Nacional, desde donde se envió al TSJ precisamente por la presencia de aforados que en esta pieza ya han desaparecido. Esto supondrá que, de repente, la sala de lo Civil y Penal del TSJ pueda disponer de los seis meses que tenía bloqueados por este macroproceso. Es aquí donde aparece Díaz Alperi, para quien el fiscal pide casi diez años de cárcel por tres delitos fiscales y uno de cohecho en un proceso que podría ser señalado en breve, una vez responda la sala a varios recursos. Un trámite que no impediría fijar la vista para dentro de unas semanas, celebrar el juicio en un mes y estar sentenciado para antes de verano. Un plazo que el exregidor puede dilatar hasta después del verano del año que viene, cuando se está señalando en los juzgados de lo Penal de Alicante, si sigue los pasos de su compañera de partido, deja el escaño y se desafora también. Pero la carambola no acaba ahí. La dimisión de Alperi, imputado también junto a su sucesora, Sonia Castedo, en la causa por los presuntos amaños del PGOU, dejaría en manos de la primera edil la decisión de continuar con este asunto en el TSJ o traérselo para Alicante, algo que estaría barajando, al renunciar ella también a su escaño. Fuentes próximas a este caso lamentaron que la Fiscalía no tenga tan presente aquí las dilaciones como en el de Fitur.
