Con una extraordinaria rapidez reaccionaron ayer tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad como la Fiscalía Anticorrupción ante la renuncia al escaño de Milagrosa Martínez, la única aforada que quedaba en el procedimiento abierto por las adjudicaciones de la Generalitat a la trama corrupta Gürtel vinculadas a Fitur. No había transcurrido media hora desde que comenzó a correr la noticia cuando el TSJ ya estaba informando a los medios los trámites para determinar quién tiene la competencia para celebrar una vista señalada para el 31 de este mes.

Con la misma urgencia se sucedieron una diligencia de ordenación de la sala de lo Civil y Penal (para librar un oficio a las Cortes solicitando que se acreditara el cese tras haber tenido conocimiento por la «prensa digital») y una providencia dando cuenta de la confirmación de la renuncia al escaño de la también alcaldesa de Novelda además de un escrito de uno de los cabecillas de trama y también imputado en el proceso, Pablo Crespo, en el que manifesta su convicción en la falta de competencia del TSJ para celebrar un juicio del que insta su suspensión.

Intuidas las intenciones de una sala saturada de trabajo de quitarse de encima un macroproceso con una duración prevista de seis meses, la reacción de la Fiscalía Anticorrupción no se hizo esperar. A últimas horas de la mañana emitió un comunicado en el que señalaba que tras conocerse la renuncia de Milagrosa Martínez y «apuntarse la posibilidad» por parte del TSJ de no celebrar el juicio consideraba que la competencia este órgano judicial «es única para conocer la totalidad de los hechos presuntamente cometidos por la denominada rama valenciana del grupo Correa, tal y como acordó el Tribunal Supremo al tratarse de un único procedimiento con numerosos aforados». En la nota, el Ministerio Público recuerda que la formación de las piezas (seis) dentro de este procedimiento fue promovida y asumida por el TSJ «con la sola finalidad de agilizar su tramitación, evitar la impunidad de conductas y facilitar el ejercicio de los legítimos derechos de las partes».

Aunque sin citar norma jurídica alguna, mantiene la acusación pública que la renuncia de la ya exdiputada más de un año después de conocer el escrito de acusación, a los ocho meses de acordarse la apertura de juicio y a sólo nueve días de iniciarse la vista «en modo alguno supone la pérdida de competencia del TSJ y reviste carácter de fraude de ley». El fiscal apela al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar dilaciones indebidas y pronunciamientos contradictorios para insistir en que el Supremo ya asignó de forma expresa al TSJ una competencia que «en modo alguno puede quedar al arbitrio de la mera voluntad de algunos aforados».

En la providencia dictada ayer, la sala da a las partes dos días para que aleguen sobre su competencia recordando que en estos momentos no hay ningún aforado. El TSJ informó de que una vez cumplido este trámite, dictará un auto en el que se reconocerá sin competencias sobre el asunto y por el que lo remitirá al órgano que considere apto para asumirla.