La trama Gürtel actuaba a sus anchas dentro del PP. El último informe de la Agencia Tributaria sobre la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008 a través de la red corrupta, de hecho, salpica de forma directa a todos los escalones del organigrama del PP: desde organizaciones locales hasta la estructura autonómica pasando, además, por las tres direcciones provinciales -un detalle nuevo que, hasta ahora, no se había conocido y que afecta a la campaña municipal de 2007- e, incluso, a los despachos de la sede madrileña de Génova. De arriba a abajo. Todo el escalafón del PP estaría contaminado por su relación con el entramado corrupto que dirigía desde Madrid Francisco Correa con El Bigotes al mando de la firma Orange Market como delegado en la Comunidad Valenciana.
El documento de la Agencia Tributaria, de 239 páginas y en poder del magistrado José Francisco Ceres que instruye el sumario en el TSJ, revela, de alguna manera, que el PP arrasó en los comicios locales y autonómicos de 2007 al tiempo que también ganó en la Comunidad las generales de 2008 haciendo campaña con dinero que le inyectaban empresas para saldar deudas con El Bigotes y con pagos en dinero negro. Hacienda, precisamente, detecta irregularidades en las cuentas de la dirección provincial del PP vinculadas a actos organizados por Gürtel durante la cita electoral local de 2007, cuando la cúpula popular estaba dirigida por Joaquín Ripoll y el pulso de los restos del zaplanismo en Alicante con los campistas se encontraba en su momento de máximo apogeo.
En su apartado de conclusiones, de hecho, el informe de la Agencia Tributaria asegura que la contabilidad provincial es «incorrecta» en tanto que, señala el documento, no se anotaron l0s gastos derivados de la organización de actos de Orange Market en los municipios de Elda -dos facturas-, Ibi, Orihuela, Villena o Teulada. En su reciente declaración ante el juez José Francisco Ceres, el exconseller Miguel Peralta, dirigente afín a Eduardo Zaplana y coordinador provincial de aquella campaña, culpó directamente a Francisco Camps de la contratación de Gürtel, aseguró que los actos en esos municipios los organizaba la dirección regional del PP para darselos a la trama y desvinculó a la cúpula popular alicantina del trato con El Bigotes. Peralta apuntó que, en todos los casos, se trataba de municipios afines al bando campista. Elda, Ibi y Teulada, efectivamente, estaban con Camps. Pero Orihuela y Villena se mantenían junto a Ripoll. De cualquier manera, Hacienda, como también apunta en los casos de las ejecutivas provinciales de Valencia y Castellón, entiende que la contabilidad del PP de Alicante es incorrecta y no refleja el balance real de los gastos de la campaña. El inspector estima que las tres direcciones provinciales del PP eludieron por esa vía anotar actos por importe de 150.000 euros.
La investigación de la Agencia Tributaria, de esta manera, ratifica el «modus operandi» de la trama Gürtel en la Comunidad y su relación con el PP. Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta que manejaba El Bigotes, iba rebajando las deudas que acumulaba el PP por la organización de actos con la emisión a terceros -grandes constructoras beneficiarias de contratas públicas- de facturas falsas como compensación por servicios que nunca se prestaban. Por esa vía, el PP de la Comunidad Valenciana consiguió, al menos, 1,2 millones en ingresos opacos para financiar su actividad electoral. Los inspectores dejan claro en el mencionado informe el descontrol en la contabilidad interna del PP. Hay irregularidades en los balances regionales que, de acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, no registraron la totalidad ni de los gastos ni tampoco de los ingresos electorales obtenidos a través del sistema de financiación manejado por Orange Market, en la organización de actos locales, en la citada contabilidad de las direcciones provinciales y, además, ahora se añade -un punto que inquieta a los populares- que este informe de la Agencia Tributaria vincula a la cúpula nacional del PP con la posible comisión de cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Más problemas.
