Hacienda ha informado al juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, que la trama ocultó parte de la financiación ilegal del PPCV con pagos de la Agencia Valenciana de Turismo. La investigación de la Agencia Tributaria concluye que el Partido Popular no reflejó en la contabilidad electoral de las autonómicas de 2007 que recibió servicios de Orange Market de campaña por valor de más de dos millones de euros y en las generales de 2008 no registró prestaciones de al menos setecientos mil euros. Los pagos por los actos electorales (montaje de mítines o contratación de propaganda) supuestamente los hizo el partido con dinero negro y con contribuciones de ocho constructoras que son adjudicatarias de obra pública. La trama que lideraba Francisco Correa compensaba el desfase contable con pagos por servicios prestados a la Generalitat como los de la Agencia Valenciana de Turismo y con los de las constructoras.

El juez Ceres abrió seis piezas por el caso Gürtel. La única que está cerrada es la tercera, que se centra en los adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo a Orange Market de Fitur y que se va a empezar a juzgar en dos semanas. El informe que acaba de recibir el juez es de las piezas 1, 2 y 6, que analizan la supuesta financiación ilegal del PPCV y los delitos fiscales que cometió la trama. El juez ha hallado indicios de delito en los pagos que hicieron las constructoras Facsa, Hormigones Martínez, Lubasa, Pavimentos del Sureste, Piaf, Grupo Vallalba, Enrique Ortiz e Hijos y Sedesa.

La Agencia Tributaria precisa en su informe que las constructoras abonaron a Orange Market en el periodo de la campaña electoral del 2007 un total de 517.613 euros y que en las generales de 2008 pagaron 683.524 euros por servicios inexistentes o sobrevalorados. Un testigo explicó esta semana al juez que una de las constructoras abonó quince veces el precio de mercado por un diseño de marca que empezó a hacer él. Además, el análisis de los inspectores fiscales destaca que el PPCV no declaró 2,1 millones de la campaña autonómica de 2007 y 720.331 euros en las generales de 2008.

Hacienda sostiene en el informe encargado por el magistrado que «Orange Market rebajaba la deuda del Partido Popular cuando cobraba facturas de terceros», que eran la propia Generalitat Valenciana y las constructoras investigadas. El documento pone como ejemplo que Orange Market rebajó la deuda del PP por el cobro de una factura de 172.413 euros emitida a la Agencia Valenciana de Turismo.

Movimientos opacos

La Agencia Tributaria cifra en más de tres millones de euros los pagos opacos y las aportaciones irregulares a través de Orange Market. La empresa que dirigía Álvaro Pérez «el Bigotes» identificaba como cobros «Barcelona» los ingresos en B que no declaraba. El informe recuerda al juez José Ceres que esta forma de operar supuso un fraude a la Hacienda Pública porque al no emitir facturas se incumplió la obligación de repercutir al PPCV el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El análisis confirma que algunas agrupaciones locales del PPCV también trabajaron con Orange Market y supuestamente se hicieron en B. El exconseller zaplanista Miguel Peralta indicó el miércoles al juez que en Alicante las agrupaciones que contrataron al Bigotes eran las afines a Camps. El documento recoge pagos por actos electorales en las municipales de 2007 en Elda, Ibi, Orihuela, Villena, Elx y Teulada. Orange Market también trabajó para los candidatos de Requena, Onti­nyent, Quart de Poblet, Silla, Cullera y Sagunt. Además, la empresa de Francisco Correa organizó un acto en Castelló y otro en la Vall d´Uixó.