La sucesión de sentencias condenatorias está generando un auténtico problema a los responsables de la Generalitat. Suponen munición a la oposición por dos vías. De un lado, rompen a Fabra su discurso a favor de la transparencia y de otro, obligan al Consell a airear documentos sensibles que hasta ahora guardaban bajo siete llaves. Por convencimiento, estrategia u obligación, lo cierto es que en el mandato de Fabra la oposición ha acabado, en algunos casos, teniendo acceso a información que hace unos años era imposible de obtener: el contrato de la Fórmula 1, gastos de determinados altos cargos, listados de viajes oficiales. Ha sido una mina que los diputados están explotando con la mirada atónita de los más veteranos del partido que recelan de esta estrategia. El Consell se queja de que algunos diputados no respetan su deber de guardar sigilo y airean contratos con cláusulas de confidencialidad. También hay malestar, aseguran, por las prácticas de algunos diputados a los que acusan de pedir información «a capazos» e indiscriminadamente, de forma que las peticiones son de tal calibre que de atenderlas, el trabajo en las consellerias se colapsaría. En ocasiones, en áreas como Educación o Sanidad, los diputados presentan de una tacada centenares de preguntas, reclamando, por ejemplo el listado de profesores de religión, inspecciones en colegios, facturas de todo tipo, etc. Responder por escrito es a veces inviable, aseguran desde la Generalitat. La fiscalía del TSJ ha dado la razón a Hacienda en una demanda de Compromís sobre gastos de caja fija. La formación pedía la relación de facturas y justificantes de gastos con cargo a la llamada caja fija entre 2006 y 2013. Para el fiscal resultaría «extraordinariamente oneroso en tiempo y personal» atender una petición «en abstracto» de documentación.
