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El juez eleva a 2,3 millones la fianza a Alperi en el proceso por los tres delitos fiscales

El auto de apertura de juicio recoge un aumento del importe de los avales que el magistrado del TSJ reclama como responsabilidad civil al diputado autonómico y a los dos empresarios acusados de colaborar con el político del PP para defraudar 682.651 euros a Hacienda

Luis Díaz Alperi el día que declaró por estos hechos. rara arjones

A 2,3 millones de euros se eleva la fianza impuesta al diputado autonómico y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad que acaba de abrir juicio contra el político popular por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio en una resolución de la que ayer daba cuenta este diario. La vista oral, cuya fecha aún no ha sido fijada, también se abre para otros dos empresarios acusados del fraude a Hacienda (el expresidente del Alicante y amigo de Alperi Antonio Solana y Antonio Moreno, administrador de una sociedad radicada en Madrid) y contra el responsable del puerto deportivo de Alicante, a quien el fiscal acusa, al igual que a Alperi, de cohecho impropio por el tiempo que el político del PP tuvo atracado su catamarán sin pagar por ello.

El importe de los avales que se fijan en el auto de apertura de juicio, de cuya parte dispositiva informó ayer el TSJ, superan el fijado en la resolución por la que el magistrado Antonio Ferrer pasó el asunto a procedimiento abreviando, lo que supuso de hecho el procesamiento de los hasta ese momento imputados. En aquella resolución, dictada el pasado 13 de diciembre, Ferrer acordó que Alperi hiciera frente a una fianza de 1,4 euros, 900.000 Moreno y 625.000 Solana. Cantidades por debajo de los 2,3, el millón y medio y los 900.000 euros respectivamente fijados ahora como reponsabilidad civil para los tres acusados. Con esta medida, el magistrado pretende garantizar que, en caso de sentencia condenatoria, los encausados puedan hacer frente al quebranto económico causado. De hecho, el fiscal precisa en su escrito que cada uno de los delitos devengaría en concepto de responsabilidad civil a favor de Hacienda 405.351, 144.862 y 132.468 euros, cantidades que suman los 682.651 en que las acusaciones (además de la pública, la Agencia Tributaria ejerce la particular) fijan el fraude por las cuotas del IRPF que el exprimer edil dejó de pagar durante los años 2007, 2008 y 2010. El acusador público pedía para Alperi 1.600.000 euros de multa, el pago de lo defraudado y las costas. Para Solana fijaba la cantidad a abonar en 600.000 euros más 277.330 de responsabilidad civil y las costas y un millón, 405.351 y costas para Antonio Moreno.

El magistrado da un plazo de cinco días desde la notificación del auto para que político y empresarios «presten fianza o garanticen a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho el pago de las responsabilidades pecuniarias» bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo podrá procederse al embargo de sus bienes.

El juez cita a los representantes legales de las mercantiles Andarx Bussines S. L. y Birmingan Inversiones S. L., creadas por Alperi y Solana, y Taller de Contabilidad S.A. , de la que es administrador el otro empresario acusado, para que recojan el escrito de acusación y formulen su correspondiente escrito de defensa. Y pide que una sucursal de Caixabank de San Juan informe de las retiradas en efectivo entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2008 por importe superior a 5.000 euros indicando las cantidades, la cuenta de procedencia y la identificación de sus titulares y autorizados.

El juez establece que el órgano competente para juzgar el caso es la sala de lo Civil y Penal del TSJ, que tiene que señalar la fecha del juicio, y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso.

Las acusaciones le atribuyen a Alperi unos ingresos de cerca de dos millones de euros que habría ocultado a Hacienda y con los que el exregidor, con la ayuda de Antonio Moreno, habría saldado una deuda tributaria de alrededor de un millón de euros que tenía contraída de una actividad profesional anterior a su llegada a la Alcaldía. Además, habría adquirido un catamarán de 15,54 metros de eslora valorado en 852.945 euros en el que Solana figuraba como copropietario sin serlo.

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