­Nueve años y nueve meses de prisión. Ésta es la pena a la que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad pide que sea condenado el exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio. Siguiendo la línea marcada por la denuncia que en la primavera del año pasado presentó la Agencia Tributaria contra el político popular y contra otros tres empresarios, la acusación pública ha mantenido la existencia de tres delitos fiscales, que se habrían cometido en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 durante los que Alperi habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de cuotas del IRPF.

A diferencia de lo que recogía la denuncia, al fiscal no le consta que se haya cometido delito alguno de falsedad documental (cargo que ya desapareció en el auto de pase a procedimiento abreviado, lo que vino a ser el procesamiento de los imputados) pero sí le atribuye, sin embargo, uno de cohecho impropio por el tiempo que el exregidor atracó su catamarán en el puerto deportivo de Alicante sin pagar nada a cambio. Por este hecho le pide nueve meses de cárcel, la misma pena que reclama para el gerente de la instalación deportiva.

La calificación elaborada por el ministerio fiscal no se olvida de los dos empresarios (el tercero, Javier Palacio, fue excluido ya de la causa en el auto antes citado) que, según su relato, ayudaron a quien fuera primera autoridad de Alicante a cometer los delitos fiscales. A Antonio Solana, expresidente del Alicante y amigo del exregidor, le atribuye el acusador dos delitos fiscales por los que pide, en total, seis años de prisión. Penas que, a igual que las solicitadas para Luis Díaz Alperi por el fraude fiscal, coinciden con las que reclama la Agencia Tributaria, que en este proceso ejerce la acusación particular.

El fiscal fija también la posible responsabilidad civil por estos hechos aunque ya el magistrado Antonio Ferrer, instructor del procedimiento, acordó en diciembre pasado una fianza de 1,4 millones para Alperi, 600.000 euros para Solana y 900.000 para Antonio Moreno, el empresario de Madrid acusado, con el objeto de garantizar que puedan hacer frente al quebranto económico causado en el caso de que así lo establezca el tribunal que les juzgue.

En el auto, el juez establece una fianza por posibles responsabilidades derivadas de los dos delitos imputados de 2,3 millones para Díaz Alperi, otros 1,5 millones para el empresario Antonio Moreno y 900.000 euros para el también empresario Antonio Solana.

Las acusaciones le atribuyen a Alperi unos ingresos de cerca de dos millones de euros de origen desconocido que habría ocultado a Hacienda y con los que el exregidor, con la ayuda de su amigo Solana y del otro empresario, habría saldado una deuda tributaria de alrededor de un millón de euros que tenía contraída de una actividad profesional anterior a su acceso a la Alcaldía. Además, se habría comprado un catamarán de 15,54 metros de eslora bautizado con el nombre de "Akra Uno", para lo que habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL". La embarcación estaba valorada en 852.945 euros y Solana figuraba como copropietario.

El instructor ha abierto ya el juicio contra los cuatro acusados aunque la sala aún tiene pendiente resolver los recursos de apelación presentados por las defensas. Una vez cumplido este trámite y, salvo imprevistos, sólo queda señalar la fecha en la que se celebrará la vista oral.

Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

Tras culminar las actuaciones por el presunto delito fiscal, el juez dio traslado de lo actuado, en un auto del 13 de diciembre de 2013, al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que solicitasen la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pudiera proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.