Nueva vuelta de tuerca a los imputados del PP en las Cortes. Apenas 72 horas después de su alegato contra la corrupción en Madrid, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, elevó la presión aún más contra los imputados de las Cortes y, por vez primera, les reclamó el acta de diputado cuando se les abra juicio oral bajo pena, además, de expulsión fulminante del PP en el caso de que se resistan. Eso supone, en la práctica, que el jefe del Consell le exigió la dimisión a las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such, cuya marcha se confirmaba a última hora de la tarde. Ambas están pendientes de sentarse en el banquillo el próximo 31 de marzo por el sumario de Gürtel -el primero que llega a juicio de la rama valenciana al margen de la causa de los trajes- que investiga el amaño en la adjudicación a la red corrupta de los estands de la Comunidad en Fitur. La decisión pone en riesgo al PP de quedarse sin la mayoría de la que disfruta en las Cortes.
El giro del titular de la Generalitat supone dar un paso más allá en la estrategia del PP con los imputados del hemiciclo e, incluso, por delante de lo que marcan los estatutos, que sólo prevén expediente disciplinario al abrirse el juicio. Hasta ahora, Fabra había apartado a los encausados de la dirección del grupo parlamentario, del PP y de los altos cargos. Con Pedro Hernández Mateo, como se recordará, el jefe del Consell esperó hasta la sentencia que le acabó condenando. Los jueces le hicieron el trabajo. Ahora, el presidente de la Generalitat no está dispuesto a esperar más. Necesita un golpe de efecto. Quiere que se marchen en el momento que pasen de imputados a procesados.
Ese argumento lo puso Fabra sobre la mesa, entre la sorpresa de dirigentes del PP que ven inorportuno avivar la tensión interna en vísperas de las europeas y a catorce meses de las autonómicas, a primera hora de la mañana en una entrevista en la Cadena Cope y, posteriormente, lo ratificó durante un acto con la patronal en Valencia. «La clase política ha de ser ejemplar. Los diputados imputados que pasen a ser procesados, si es por temas de corrupción, tendrán que dejar el escaño o por lo menos no estarán en el grupo popular. Estamos trabajando en eso y en pocos días podremos anunciar algo más», afirmó. Este movimiento del jefe del Consell afectó, de forma inmediata, a las diputadas Milagrosa Martínez, también alcaldesa de Novelda; y Angélica Such, que se enfrentan a penas de inhabilitación y, en el primer caso, también de prisión. ¿Por qué Fabra se dio un margen? La cúpula del PP confiaba en que la diputada de Benidorm renunciara voluntariamente, como así ocurrió ayera última hora de la tarde. Estaba en juego la continuidad de su marido -el juez Carlos Morenilla- como adjunto al Síndic de Greuges. La exconsellera será sustituida en la bancada del PP en las Cortes por el exconcejal de La Vila y vocal del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante Marcos Zaragoza. Por otro lado, los populares dan por hecho que Milagrosa Martínez, como apunta su entorno, resistirá. En ese caso, el PP la echará como ya hizo con Rafael Blasco, actualmente en el banco de los no adscritos.
Este escenario enfrenta a Fabra, como reconocieron fuentes populares, a una posible pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes. Ahora mismo, el PP tiene cuatro diputados de margen pero cuenta con ocho imputados -entre ellos Luis Díaz Alperi o la propia Sonia Castedo, que se queda en una situación muy complicada- en el hemiciclo. La cúpula popular asume que el termómetro interno subirá de temperatura y que hay posibilidad de quedar en minoría en el parlamento autonómico. Pero creen que el riesgo es controlado por dos motivos: estamos en la recta final de la legislatura y la oposición también se distanciará de los marcados en casos de corrupción. Sea como fuere, estas mismas fuentes apuntaron que Fabra está seguro de correr ese riesgo: se está jugando la Generalitat y es uno de los cartuchos que le restan para remontar posiciciones de cara a los comicios de 2015.
