La batalla el PP por el reparto del pastel de la financiación autonómica ya es total y absoluta. El frente promovido por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, para contrarrestar el impulsado por Alberto Fabra, José Ramón Bauzá y Ramón Luis Valcárcel -«los tres tenores», como los define el líder extremeño- ha encontrado aliados de postín. Nada menos que a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y a Alberto Núñez Feijóo, el líder gallego y el principal barón territorial de los populares. El grupo de autonomías que rebate las tesis de Fabra, junto a las tres citadas, está también formado por Aragón -precisamente, la primera reunión se celebró ayer en Zaragoza con la asistencia de consejeros de cada uno de los gobiernos regionales de esta alianza-, Castilla-León y Asturias, que es la única comunidad gobernada por los socialistas que se ha adentrado en esta batalla.

Este grupo pide que se valoren criterios de densidad, dispersión, envejecimiento y población protegida, algo que choca de plano con la idea de Fabra, cuya apuesta pasa por un reparto basado en los niveles de población de cada comunidad. Eso supone que zonas del Estado con mucho territorio pero poca población salen perjudicadas. Con el sistema actual, sin embargo, la Comunidad, por ejemplo, deja de ingresar unos 1.050 millones de euros anuales, lo que tiene un impacto directo en la prestación de servicios básicos. En la rueda de prensa posterior a la reunión, los consejeros subrayaron que el coste de la prestación de los servicios públicos básicos se encarece ante variables como la dispersión y el envejecimiento de la población. «El modelo actual no nos gusta», aseveró el representante de Castilla y León. Aseguran, incluso, que las comunidades con más población han salido primadas con el actual modelo, aprobado en 2009 bajo gobierno del socialista Zapatero y que, por eso, se debe ofrecer una atención preferente al medio rural.

Otro de los compromisos suscritos fue solicitar al Gobierno central la creación de un grupo de trabajo para identificar medidas y su implantación que permitan hacer frente a las tendencias demográficas negativas, así como la elaboración de una estrategia nacional para el cambio demográfico. Igualmente, trabajarán para buscar alianzas con otras regiones de la Unión Europea afectadas por el mismo problema, para lo que anunciaron la celebración en abril de un encuentro con el comisario europeo de Empleo y Política Social, László Andor. La estrategia de estas comunidades -convencidas de resolver el asunto con un gran pacto de Estado- va completamente en contra de la planteada por la Comunidad, Baleares y Murcia. La brecha es tan profunda, a pesar de que ambas partes intentan poner paños calientes al conflicto, que hace unos días, como se recordará, Monago tildó de «bobos» a Fabra, Bauzá y Valcárcel por, en su opinión, hacerle el juego a los nacionalistas.

A modo de contraataque, el titular del Consell, Alberto Fabra, aseguró que su propuesta no supone un ataque contra estas comunidades pero no se movió ni un ápice de lo que ha planteado hasta ahora. «Mi obligación es denunciar aquello que es una injusticia para la Comunidad Valenciana», contestó el líder del PP. Al respecto, Fabra indicó que «alguno -en alusión directa aunque sin citarlo a Monago- lo quiere plantear como un enfrentamiento y por mi parte desde luego no lo es», recalcó Fabra antes de reiterar. «Tengo que denunciar que esta Comunidad, en los últimos diez años, no ha tenido por parte del Estado la aportación necesaria para cubrir los gastos de educación, sanidad y política sociales». «Nosotros no pedimos más que nadie pero, desde luego, no vamos a consentir que nos den menos que nadie y por eso vamos a seguir defendiendo lo nuestro», concluyó.