21 de febrero de 2014
21.02.2014

Un juzgado remite al TSJ una denuncia contra Fabra por malversación en el cierre de Canal 9

Un particular lleva a los tribunales la decisión del Consell de continuar pagando el sueldo íntegro a los trabajadores aunque la emisora no emita

21.02.2014 | 02:42

El juzgado de instrucción número 20 de Valencia ha decidido remitir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) las actuaciones realizadas en relación a una denuncia recibida de un particular contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por malversación de caudales públicos ante la situación producida en Radio Televisión Valenciana –sin emitir desde el pasado 29 de noviembre–, sociedad pública en la que los empleados están de «permiso retribuido», recibiendo sueldos sin ir a trabajar. Esta instancia judicial, que incoó diligencias previas tras recibir una denuncia de un particular contra Fabra, ha decidido remitir las actuaciones al TSJCV –el presidente de la Generalitat es aforado–, con informe favorable del fiscal.

La remisión de traslado se hará efectiva una vez el auto en el que se adopte esta decisión sea firme, según confirmaron a la agencia Europa Press fuentes del alto tribunal valenciano. En la denuncia, que cita esta misma agencia de noticias, el particular solicita que se compruebe la «ilegalidad» del permiso retribuido, la imposibilidad de calificación de salario de las cantidades abonadas y el «fraude ante la Seguridad Social por simulación de contrato». El denunciante pide en el escrito la testifical del representante de RTVV para que indique las motivaciones recibidas para «asumir» las «ilegales medidas»; la declaración de Fabra para que detalle las actuaciones ordenadas tras el cierre y reclama, además, que las cantidades «ilegalmente abonadas» sean «detraídas» de los bienes particulares del presidente de la Generalitat Valenciana como responsable.

Esta persona expone en la denuncia que tras la decisión judicial que declaró la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado en RTVV, la dirección de la sociedad pública optó por, a propuesta de Fabra, conceder «permiso retribuido» a los trabajadores, tras el disfrute de periodos de vacaciones a las que tuviesen derecho «sin el legalmente preceptivo pacto previo entre las partes». A juicio del denunciante, de esta manera «se está pretendiendo enmascarar una relación laboral a todas luces inexistente por no comportar prestación laboral alguna» y añade que el permiso retribuido al que ha obligado la empresa a los cerca de 1.500 trabajadores «no se encuentra contemplado en el convenio colectivo» ni se ha aportado consentimiento ade los empleados.

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