Las investigaciones por corrupción que azotan al PP en la Comunidad y, en este caso, en la ciudad de Alicante con la relación entre Sonia Castedo -imputada por tres graves delitos en el sumario que investiga el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante- y Enrique Ortiz, encausado tanto en la trama Gürtel y también en la operación Brugal, llegaron ayer al Congreso. El diputado socialista Gabriel Echávarri preguntó al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre las medidas tomadas por el Gobierno contra la corrupción. Gallardón tiró balones fuera. «Ya hemos cumplido en buena parte», aseveró para citar la nueva legislación sobre control de las cuentas de los partidos, la normativa que controlará la acción del Gobierno o la ley de transparencia.
En ese instante, Echávarri disparó con toda su artillería y cargó contra el incumplimiento, a su juicio, del código ético del PP, que prevé el relevo de cargos públicos en el caso de que perjudiquen la imagen de las instituciones. «Yo soy de Alicante y la alcaldesa Sonia Castedo está imputada por tres delitos como consecuencia de su connivencia con un empresario -en referencia, aunque sin citarlo, a Ortiz- que presuntamente financia al PP y con el que, además, comparte fiestas pijama, vacaciones en Andorra y viajes en yate», lanzó el parlamentario del PSOE.
«¿Le parece poco daño a Alicante?», le preguntó Echávarri a Gallardón antes de recordar que, además, en las Cortes los populares tienen a un 20% de sus diputados imputados. «Serían el tercer grupo del hemiciclo valenciano. Es como si ustedes tuvieran 40 encausados por corrupción aquí en el Congreso», remachó para cifrar la factura de la corrupción. «A los valencianos nos ha costado 12.500 millones y perder más de un punto de nuestro PIB», subrayó. «Ustedes dicen que van contra la corrupción pero, en realidad, son indulgentes con los corruptos», le espetó para finalizar su segunda intervención en la sesión.
Gallardón, sin embargo, no se salió del guión. No entró al trapo. Ni tampoco mordió el anzuelo que le había lanzado el diputado del PSPV en el Congreso. Volvió a repetir los cambios legales que está impulsando el Gobierno de Rajoy y, además, aludió a la modificación del Código Penal para «reforzar», apuntó, la lucha contra delitos de prevaricación, cohecho o fraude, entre otros.
Sorteó por completo la situación de la Comunidad y de Alicante que calificó de un tema «concreto» pero, sin embargo, aprovechó para cargar contra el PSOE por los ERE.
