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La Comunidad, Murcia y Baleares cargan contra el «agravio» de la financiación

Fabra, Valcárcel y Bauzá suman fuerzas para exigir un nuevo modelo que cubra la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social pero pasan de puntillas sobre la reivindicación de un fondo extraordinario mientras se negocia

El murciano Valcárcel, el presidente Fabra y el mallorquín Bauzá, en un momento de la reunión de ayer en Valencia. manuel bruque (EFE)

El «eje de la prosperidad» que Francisco Camps se inventó junto a Esperanza Aguirre y Jaume Matas en época de vacas gordas, ha pasado a convertirse ahora, cuando la situación económica es crítica, en el «eje del agravio». Sólo hay un cambio. Madrid no se ha apuntado en esta ocasión al «lobby». Es Murcia, sin embargo, la que se ha sumado al frente común. Ahora no toca hablar de vino y rosas sino de exigir un modelo que acabe con la marginación que sufre la Comunidad en el reparto de los fondos del Estado. Y para este camino, desde luego, Murcia, otra de las grandes perjudicadas, es mejor compañera de viaje. Alberto Fabra, Ramón Luis Valcárcel y José Ramón Bauzá se reunieron en Valencia y, de esta manera, oficializaron la alianza que tiene como objetivo influir de cara a un nuevo modelo de financiación autonómica, que se retrasará, al menos, hasta 2015.

Los objetivos son claros: exigen un nuevo modelo de reparto que, como mínimo, cubra la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social; y que el dinero se distribuya en función del número de habitantes. Los informes elaborados por los expertos de las Cortes y por el «comité de sabios» de los Jaume I servirán como base. Eso sí, al menos en esta primera reunión, se orilló la reivindicación de crear, entre tanto se habilita ese nuevo baremo de distribución del dinero, un fondo de nivelación -propuesta estrella de Fabra- para compensar a las autonomías que padecen un expolio financiero cifrado, en el caso de la Comunidad, en más de 1.000 millones anuales. Aunque nadie se mostró contrario a la iniciativa de Fabra, tiraron balones fuera: las propuestas surgirán en reuniones posteriores. «Queremos ayudar al Gobierno a evitar nuevos agravios», proclamaron los tres presidentes para intentar ofrecer una imagen de calma.

Según sus cálculos, la Comunidad, Murcia y Baleares han dejado de ingresar per cápita durante los últimos tres años unos 8.300 millones. De esa cantidad, el gobierno de Alberto Fabra se quedó sin percibir unos 6.000 millones -la deuda de la Generalitat se podría haber aligerado en una quinta parte con esa aportación- mientras que Murcia tendría que haber registrado en sus balances 1.219 millones más y Baleares otros 1.135. Ese déficit de financiación es aún más escandaloso cuando se analiza la diferencia entre el coste de la Sanidad y la Educación y los fondos que llegan a estas tres autonomías por la vía del modelo de financiación. Durante la última década y por ese concepto, la Generalitat arrastraría un saldo negativo de 7.513 millones mientras que el de Murcia y Baleares llegaría, respectivamente, a 3.417 y 1.47o. En el caso de la Comunidad, de hecho, para 2014 se han presupuestado 10.088 millones para hacer frente a los servicios esenciales mientras que desde Madrid apenas llegarán unos 8.276. Fabra, precisamente, defendió el «esfuerzo» realizado para cubrir las competencias sin renunciar al impulso inversor. Esa, sin duda, sería una de las causas que explicarían una parte del déficit y de la deuda. «Entre 2011 y 2013, un 38% del incremento de los números rojos podría haberse evitado con unos recursos suficientes para cubrir los servicios básicos», lanzó Fabra que, sin embargo, no aludió ni a la mala gestión de la Generalitat, ni al descontrol del gasto, ni tampoco a los grandes eventos. «Tenemos espíritu de colaboración y no de generar una disputa. No se trata de hacer frente contra nada, sino de hablar sobre cuestiones que nos afectan», recalcó el titular del Consell.

En la misma línea, el mallorquín José Ramón Bauzá se mostró dispuesto a «trabajar de manera conjunta, entre amigos que quieren lo mejor para sus ciudadanos» para «ofrecer propuestas al Gobierno y mejorar un sistema injusto, opaco y, sobre todo, interpretable». «Queremos ayudarle a encontrar la mejor solución», detalló. «Nos sentimos perjudicados -reflexionó el murciano Valcárcel- por un modelo definido en 2009 sin responder a ningún criterio concreto, sino a la opacidad». Garantizó lealtad institucional pero sin perder el tono contundente de la reivindicación. Este nuevo eje le genera a Mariano Rajoy, en pleno desafío soberanista en Cataluña, un nuevo problema entre sus barones territoriales. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ido retrasando el debate sobre la nueva financiación por la situación económica pero también por la inquietud interna que genera en las filas del PP. Lo cierto es que la discriminación que sufren estas autonomías viene de 2004, el modelo de financiación que, en su día, puso en marcha el último gobierno de José María Aznar. El síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver, se apuntó al habitual mantra popular y le echó la culpa de todas las desgracias a Zapatero.

Devolución de competencias

Fue el murciano Ramón Luis Valcárcel el que puso encima del tapete una cuestión que cada vez parece menos tabú: la posible devolución de competencias al Gobierno en el supuesto de que no se puede atender la prestación de servicios, algo de lo que el ejecutivo de Fabra ya se ha mostrado en contra. «Cuando se asume un departamento de la administración tiene que venir acompañado de un dinero para poder cumplir», recalcó para anadir, apuntó, una «reflexión desde la lógica»: «Si yo mañana me viera incapacitado porque un Estado es incapaz de garantizar recursos con los que sostener el sistema que nos hemos dado, ¿qué hago yo sentado en un sillón si no puedo administrar y garantizar recursos y esto que llamamos el estado de bienestar? si no soy capaz, yo me marcho a casa o digo 'oiga, quédense con las competencias'. Si el Estado no garantiza recursos suficientes, se acabó con el sistema autonómico», aseveró Valcárcel.

El mallorquín Bauzá, por su parte, también se centró en reivindicar el concepto «competencia económica» para que el servicio se pueda prestar. «Cuando no hay dinero, todo el mundo quiere devolver la competencia, a lo mejor fruto de la incompetencia de algunos para ejercer esa responsabilidad. El debate es cómo deben estar financiadas», apuntó el presidente balear que descartó, a pesar de que la Comunidad está a la cabeza del descontrol del déficit, que sus autonomías tengan un problema con los gastos. «El problema es de financiación», proclamó. Ahora, serán los consejeros de Hacienda los que seguirán con los contactos desde un punto de vista técnico. Lanzarán un documento con propuestas que, al menos eso pretenden, sirva de base para la financiación. Al final, hagan lo que hagan, Montoro dispondrá.

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