Casi dos décadas después de alcanzar el poder en la Generalitat, el PP pasa ahora por su peor momento: condicionado por una gestión que llega a comprometer la futura viabilidad del Consell, erosionado por el desgaste de una crisis que ha azotado con especial virulencia a la Comunidad y, sobre todo, acorralado por la corrupción. Hace algo más de un lustro, sin embargo, los populares, liderados en aquel momento por Francisco Camps, vivían su mejor época: habían sido los más votados de la historia en las elecciones autonómicas de 2007, celebraron en Valencia durante el verano de 2008 el congreso nacional del PP con el entonces jefe del Consell como principal báculo de Mariano Rajoy y acumulaban un poder ilimitado. Casi absoluto. Todo se quebró para el PP un 6 de febrero de 2009 -esta semana se ha cumplido el quinto aniversario-, cuando el juez Baltasar Garzón -hasta ahora, paradojas del sistema, el único condenado... pero por investigar la trama- desplegó una operación contra la corrupción que, entre otras actuaciones, incluía el registro de la Conselleria de Turismo y de la empresa Orange Market, la mercantil de Gürtel que dirigía en la Comunidad El Bigotes -un personaje clave de la rama valenciana de la trama- y que se había adjudicado todos los contratos de los estands de la Generalitat en Fitur entre 2005 y 2009.
El castillo de naipes sobre el que el PP había edificado la base de un modelo que concentraba un innegable dominio político aderezado de una anestesia casi absoluta de la sociedad y de un control asfixiante sobre los medios de comunicación públicos, empezó a ceder por la base. Ni Camps ni tampoco el PP, como reconocen dirigentes populares que vivieron aquellos primeros momentos, pensaban que esa operación dirigida por el juez Garzón les iba a «tocar». Ni de refilón. Lejos de eso, el caso de los trajes de Gürtel -la primera de las piezas que se instruyó y se juzgó- saltó a la luz de inmediato, días después de que estallara el asunto. Cierto es que Camps salió absuelto del proceso junto a Ricardo Costa, el que fuera su número dos en el PP, pero también que, al final, le acabó costando su carrera política y se convirtió en el primer presidente de la Generalitat que dimitía por una trama de corrupción.
Era sólo la punta del iceberg de un procedimiento que, en estos momentos, suma media docena de sumarios en el TSJ con más de un centenar de imputados. En la lista aparecen dirigentes del PP que han pasado por un sillón del Consell como Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado; la cúpula que manejaba las finanzas populares durante la época de Camps en la que figuraban, entre otros, Ricardo Costa, David Serra, la tesorera Yolanda García Santos o la gerente Cristina Ibáñez; el propio Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, al mando de los fondos de Génova en la campaña de 2008; decenas de altos cargos que tomaron parte en la adjudicación de contratos a Gürtel desde el Consell, entre ellos, por ejemplo, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; Pedro García, director de RTVV en la época de mayor manipulación informativa de la cadena pública ya clausurada por el PP y al que la Policía vincula con la recepción de medio millón en comisiones durante la visita del Papa a Valencia; y las principales constructoras de la Comunidad como Sedesa, Lubasa, Facsa, Piaf, Hormigones Martínez, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba y la alicantina Enrique Ortiz, pieza clave en Gürtel pero también en la operación Brugal, otra de las grandes redes de corrupción que lastran a los populares.
El estallido de la trama Gürtel derivó en una degradación progresiva y continuada del PP con la larga agonía de dos años y medio de Francisco Camps hasta su dimisión en el verano de 2011, la pérdida de influencia en Madrid, la crisis de la Generalitat con la corrupción -Gürtel fue sólo el primer trueno de una traca en la que también «suenan» Brugal, Cooperación, Nóos, Emarsa, Carlos Fabra...- y la quiebra financiera de las cuentas autonómicas y, finalmente, como admiten dirigentes y cargos públicos del PP, el endeble liderazgo de Fabra, sin capacidad de reacción y sin ofrecer síntomas de mejoría cuando apenas resta año y medio para las elecciones autonómicas de 2015. En esos comicios culmina, de alguna manera y como reconocen cargos populares, ese proceso de deterioro que el PP ha sufrido desde que estalló el caso Gürtel: por vez primera en dos décadas, está en juego nada menos que el control de la Generalitat. Esta vez hay partido.
Las alarmas se han encendido aún más esta semana en las filas del PP con la extrapolación autonómica de los últimos datos del CIS. El sondeo confirma tendencias: revela que la intención directa de voto a los populares está por los suelos y que el tripartito, pese a que el PSPV retrocede respecto a 2011, podría sumar. En el PP concentran sus esfuerzos en sacar de la abstención a un electorado exhausto. Pero el calendario judicial, con Gürtel como gran actor, les seguirá golpeando.
