Alberto Fabra justificó ayer la caza de brujas que ha iniciado en Presidencia para tratar de que el «topo» del Palau de la Generalitat salga de su madriguera. Acosado por las filtraciones de documentos sensibles -entre ellos su nómina, gastos privados de su principal colaboradora o noches de hotel cargadas al erario público en lujosos hoteles de Alicante-, el jefe del Consell ha ordenado que se interrogue a los funcionarios para tratar de conseguir pistas. ¿Cómo? Siempre, de manera voluntaria. «Lo primero que se hace es preguntar si quiere colaborar o no quiere colaborar. Si quiere colaborar, aporta sus percepciones o lo que considera», respondió el presidente a preguntas de los periodistas durante un acto en Alzira. El procedimiento no acaba ahí. La Generalitat ha puesto tal celo en la investigación que incluso graba esos interrogatorios con los trabajadores. «Va todo grabado y, además, luego se solicita la conformidad de la persona que ha intervenido. Además, siempre se solicita previamente su disposición», apostilló. Toda la información recabada se trasladará con posterioridad a la Fiscalía, que ya investiga una denuncia del propio Consell interpuesta cuando se filtró la nómina del presidente.
Pese a que Alberto Fabra se negó ayer a hablar de «interrogatorios» a los trabajadores públicos y sólo habló de «colaboración voluntaria», el procedimiento podría hacer pensar lo contrario. Presidencia ha abierto un expediente informativo para tratar de descubrir al «topo» y, por ende, hay un instructor a su cargo. Todo este proceso reglado podría quedar finalmente archivado, pero también podría concluir en una sanción administrativa, según las fuentes consultadas. De ahí que más de un empleado se haya sentido, apuntan, «intimidado».
Fabra, con todo, destacó ayer que no le quita «el sueño» la posible filtración de nuevos documentos de Presidencia. Lo que sí le preocupa es la salida en sí de documentos y no tanto su contenido. «Como nos preocuparía a cualquiera de nosotros en nuestras empresas. Pero se trata de cuestiones internas que se irán resolviendo y que no nos quitan el sueño en absoluto», agregó. La Junta de Personal de la Generalitat mostró ayer un tono completamente opuesto al del jefe del Consell. En primer lugar, calificó los interrogatorios «de estilo policial» y además exigió al Gobierno valenciano que los paralice. Los representantes de los funcionarios se postularon en estos términos a través de un comunicado emitido a los medios horas después de intentar, sin éxito, mantener una reunión con el subsecretario de la conselleria de Presidencia. Fueron hasta allí para pedirle «explicaciones», pero el alto cargo «no ha encontrado un momento en su apretada agenda».
La diputada de Compromís por Alicante, Mireia Mollá, también criticó con dureza esos interrogatorios y aseguró que las informaciones publicadas sobre facturas de caja fija «lo único que hacen es hacer efectivas las previsiones de la Ley de Transparencia, por lo que no tiene sentido perseguir el origen de una situación totalmente legal». Además, el diputado socialista Rafael Rubio emplazó ayer al Consell a que le deje acceder a los gastos de la caja fija tras dos años de reivindicaciones.
