El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, acordó ayer una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan Roig, para tratar de averiguar si el PP cometió un delito fiscal en 2008. En un auto, notificado ayer, Ruz cita como testigos el 5 de febrero a Roig y otros tres presuntos donantes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas, así como a los apoderados del partido en la sede de La Rioja en 2008 Carlos Cuevas Villoslada y Ana Elvira Martínez Martínez y la persona que en ese período ocupara el cargo de gerente regional.
En los papeles que reflejan la supuesta contabilidad B del Partido Popular, aparece una entrada del 26 de mayo de 2008 de 200.000 euros con el concepto «Entrega de La Rioja», presumiblemente para la compra de la nueva sede, y dos anotaciones a nombre de «Mercadona», una en 2004 por 90.000 euros y otra en 2008 por 150.000 euros. Los otros tres testigos a los que cita el juez, además de a Roig, son Pilar Pulido (directiva de ADS Brokers y vinculada a una supuesta entrega al PP de 36.000 euros el 20 de febrero de 2008), a Luis Gálvez (de la empresa Ploder-Uiecesa y vinculado a una supuesta entrega el 22 de febrero de 2008 por 50.000 euros) y otra persona identificada como Adolfo S. (vinculado a una presunta entrega el 30 de junio de 2008 por 10.000 euros). En lo que se refiere a la compra de sede del PP de La Rioja, Ruz ha llamado a declarar a los citados responsables regionales del partido en 2008 tras recibir un informe de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
En ese informe, dice el juez, «deben ponerse en relación, ante la indiciaria congruencia observada» la citada entrada reflejada en los papeles con lo declarado por el extesorero Luis Bárcenas el pasado 17 de julio, cuando explicó que tal anotación era «un donativo o aportación recibida de La Rioja en la contabilidad de la sede Nacional, refiriendo al mismo tiempo que no conocía quién se encontraba detrás de tal contraprestación o entrega».
«Elementos objetivos»
Ruz indica que del informe de la IGAE se desprenden «elementos objetivos que otorgarían coherencia a las manifestaciones» del extesorero «respecto del apunte contable investigado», lo que «resultaría determinante para la integración de la base imponible por la que eventualmente podría deducirse una ulterior responsabilidad tributaria del PP». Por todo ello, el juez se dirige a la Agencia Tributaria para que remita los originales y pagos a cuenta del impuesto de sociedades presentadas por el PP en 2007 y 2008 o, de no haberse presentado, certificación negativa al respecto.
