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El Consell acumula un desfase de 2.000 millones a falta de un mes para cerrar las cuentas de 2013

El incumplimiento del déficit llevaría a la Comunidad a tener que aplicar más recortes o a asumir sanciones

A falta de los datos de diciembre, claves para determinar el estado de las cuentas de la Generalitat en 2013, los números de la ejecución presupuestaria del Consell revelan que, a finales de noviembre, había un desfase entre ingresos y gastos de más de 2.000 millones de euros. Está por ver, sin embargo, el volumen final del déficit en tanto que se han producido movimientos que han alterado la cifra en noviembre. En todo caso, el conseller Juan Carlos Moragues ya advirtió que será muy difícil cumplir con el listón previsto para 2013, que llega al 1,6% del PIB. En caso de no ajustarse a ese tope, la Comunidad Valenciana -la autonomía peor financiada de España y que está pendiente de un cambio de modelo que no llegará, al menos, hasta 2015- se enfrenta a nuevos recortes o a sanciones.

Los datos de la ejecución presupuestaria, actualizados hasta finales de noviembre, confirman las tendencias en la gestión de la Generalitat: caída de las fuentes de ingresos, problemas con la financiación, incremento por encima de los mil millones de la partida para el pago de los intereses que origina la deuda y que le cuestan al Consell unos 3 millones al día y recorte generalizado de las inversiones y de las transferencias. La Generalitat insiste en modificar el modelo de financiación, último asidero para que la institución pueda ser viable.

Por su parte, durante una rueda de prensa en Alicante, la diputada de Compromís Mireia Mollá consideró «urgente» dotar a la Comunidad de un modelo de financiación justo y recuperar la deuda histórica con el Estado, que suma cerca de 14.000 millones de euros. «Nos encontramos en una situación insostenible que nos aboca a ser la autonomía peor financiada de España e ingresar un nueve por ciento menos que la media estatal», aseveró. La coalición, como anunció su coordinador en Alicante, Natxo Bellido, presentará una moción en el consistorio para solicitar el cambio del sistema de financiación pero, a la vez, insistir con la reclamación de la deuda histórical al Estado, que supondría para la capital alicantina una inyección económica de 900 millones.

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