La Generalitat está a la cabeza del endeudamiento, del déficit, de los recortes... y ahora también de la destrucción del sector público. El último informe de Hacienda sobre la reordenación de los «holdings» autonómicos revela que la Comunidad lidera el proceso de liquidación de mercantiles y entes públicos lo que ha supuesto, hasta ahora y sumando los despidos que están pendientes de ejecutar por el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la pérdida de 3.600 empleos. El impacto del ajuste es muy fuerte: una cuarta parte del recorte del sector público en el conjunto de España está vinculado a procesos que tienen su origen en la gestión de la administración valenciana.
La mayoría de los despidos -cerca de 2.600- se corresponde, como en el caso de Canal 9, con la extinción de mercantiles públicas mientras que el resto -1.044 puestos de trabajo- afecta a entidades que continuarán con su actividad pero con una plantilla dimensionada y una estructura mucho más reducida. La destrucción del sector público en la Comunidad tiene, desde luego, características propias: es el primer y, por ahora, único Ejecutivo regional que ha optado por echar la persiana a una televisión autonómica. Pero, además, también ha puesto a la venta o, como alternativa, está ofreciendo a manos privadas los grandes proyectos de ocio que habían caracterizado la política del PP desde que llegó al Consell en 1995.
Esa receta de dieta severa del entramado administrativo conduce al Ejecutivo de Alberto Fabra a acumular los peores datos de destrucción de empleo de toda España. Y, además, con diferencia en comparación a otras autonomías con competencias similares. De hecho, los más de 3.600 despidos que, una vez que se consume el ERE de extinción de Canal 9, se habrán registrado en el sector público valenciano superan el hachazo aplicado por María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, una comunidad convertida por la número dos de Mariano Rajoy en el PP en uno de los laboratorios de pruebas de la política de tijeretazos. Pero es que el volumen de reducción de personal triplica el de Andalucía, es tres veces y medio mayor que el de Madrid y nueve superior al de Cataluña. De récord. En estos momentos, la Generalitat ya ha cumplido, conforme a los datos que figuran en los informes de Hacienda, con el 80% del plan de reordenación impuesto por Montoro. Cuando finalice, habrán desapararecido 69 entes y el sector público valenciano -inflado hasta el infinito por el PP desde 1995- se quedará en casi la mitad.
La operación de adelgazamiento, en los términos en los que se ha desarrollado hasta ahora y a falta de que culmine todo el programa, supondrá a la Generalitat un ahorro de 1.400 millones para intentar mantener el combate contra el déficit. Eso sí, despidos que alivian las arcas de la Comunidad suponen, en último extremo, endosar una parte del gasto a los balances del Gobierno de Madrid, que debe hacer frente al pago de subsidios por desempleo.
