PGOU de Alicante

Rechazan una nueva petición de archivo de Castedo y le recuerda que está investigando

El magistrado del Tribunal Superior, que instruye la causa abierta por los presuntos amaños del PGOU de Alicante, responde a la solicitud de la alcaldesa de poner un plazo a las acusaciones para pedir diligencias que es él quien las acuerda

21.12.2013 | 10:58
La alcaldesa junto a Juan José Martínez Albert, uno de sus abogados, la pasada primavera.
La alcaldesa junto a Juan José Martínez Albert, uno de sus abogados, la pasada primavera.

Sin haber concluido la investigación no se puede entrar a valorar la petición de archivo de las actuaciones por los presuntos amaños del PGOU de Alicante que los abogados de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, habían solicitado de nuevo. El magistrado Juan Climent, instructor de este proceso en el que, además de Castedo, están también imputados, entre otros, el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz (al que supuestamente los políticos del PP habrían facilitado datos reservados del planeamiento urbano de Alicante a cambio de prebendas), ha vuelto a tumbar con ese argumentos la pretensión de los representantes legales de la alcaldesa de cerrar la causa en su totalidad o, en su defecto, en lo que afecta a la primera edil.

No es ésta la única solicitud que el magistrado ha desestimado de todas las recogidas en el escrito de más de un centenar de folios que los letrados Juan José Martínez Albert y José María Asensio le presentaron a principios de octubre. Un texto, al que acompaña un cuadro que el instructor ha admitido para unir a la causa como «diligencia de aportación documental (...) de elaboración propia», pero a cuyas peticiones, «por el momento», no ha dado luz verde, según recoge la providencia notificada ayer a las partes.

Además de al sobreseimiento, Climent tampoco ha accedido a la pretensión de los letrados de Castedo de que respondiera a cuestiones como si considera definitiva la aprobación municipal del PGOU, qué documentación habría revelado la alcaldesa, el perjuicio causado a la administración o cuál es la imputación concreta en el caso de Mini que, según las acusaciones, le habría regalado Ortiz, negativa para la que vuelve a apoyarse en el hecho de que la investigación aún está en curso y que, por lo tanto, no es el momento para pronunciarse sobre estas cuestiones.

Tampoco olvida el magistrado responder a la solicitud de los abogados de la regidora para que se impusiera a las partes un plazo en el que solicitar las diligencias que estimaran oportunas. Sin llegar a responder a las acusaciones de pasividad que le lanzaban los letrados en su escrito aunque con contundencia responde Climent que «la ordenación de oficio de la práctica de concretas diligencias corresponde al instructor y no a las partes, que pueden pedir y obtener la práctica de las que consideren convenientes en tanto la investigación no esté concluida, lo que como ya se han señalado no ocurre por el momento». Y, por si quedaban dudas, continúa afirmando que «se han acordado, se están acordando y se acordarán, cuando procedan, las diligencias necesarias para completar la instrucción (...) sin que se estime el sometimiento a plazo».

Los representantes legales de la regidora, que también pedían de la nulidad de las escuchas, un asunto que Climent considera ya resuelto, han anunciado su intención de recurrir a la sala la decisión del magistrado.

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