La publicación de la «declaración de rentas» referida a 2012 de los diputados de las Cortes desembocó el miércoles en un caos considerable ante la constatación de que los parlamentarios siguieron criterios diversos para reflejar sus ingresos -unos pusieron el bruto, otros el neto, algunos la «percepción líquida»- y, tras la Junta de Portavoces celebrada ayer, no hay ninguna garantía de que los ciudadanos sepan exactamente lo que perciben sus señorías y puedan establecer comparaciones. Al menos en todos los casos. A la vista de la imagen ofrecida, la oposición reclamó que se repitan las declaraciones. Pero el presidente de la Cámara, Juan Cotino, consideró que las normas estaban claras y se limitó a abrir la posibilidad de que los diputados que entiendan que su declaración es errónea puedan presentar a partir de ahora un nuevo formulario.

Es lo que le sucedió al mismo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a los consellers con acta de diputado, que reflejaron el salario bruto sin los impuestos abonados y ahora corregirán sus datos. Al dejar en manos de los diputados la rectificación, los que en el PP escondieron el sobresueldo que reciben del grupo -de 2.880 euros netos anuales para la base hasta los 27.000 de la dirección- no tendrán que especificarlo, si no lo desean. Y eso que muchos parlamentarios dieron estos datos incompletos vulnerando directamente la instrucción que la Mesa de las Cortes remitió a todas sus señorías con el procedimiento. El resultado ha sido el fracaso del modelo impulsado por el portavoz del PP, Jorge Bellver, para evitar que los parlamentarios populares -como sí hizo Alberto Fabra y la oposición- hagan público su IRPF.