El Ministerio de Hacienda quiere, ahora por lo civil o dentro de unos días por lo criminal, tomar el mando financiero de los municipios que arrastran fuertes tensiones de tesorería y que se encuentran en una situación económica más acuciante. Cristóbal Montoro lanzó ayer un aviso a navegantes. Un globo sonda a los alcaldes que, aún sin liquidez para poder afrontar el día a día de la gestión, se muestran remisos a solicitar el rescate al Gobierno por el impacto de la medida y la dureza de las condiciones. El titular de Hacienda les mostró el camino: o se entregan de forma voluntaria antes del 2 de enero para que Madrid les controle, tal y como ya ha solicitado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante; o el Gobierno les ahogará con sanciones y retenciones de los fondos de la financiación. En plata, que los municipios afectados, cuya identidad Hacienda no quiso desvelar, se enfrentan a la intervención o, de lo contrario, a la asfixia financiera total y absoluta. Susto o muerte.

Durante una jornada en la que Montoro participó en la sesión del Senado que debate los presupuestos del Estado para 2014, el Ministerio de Hacienda «animó» a 314 consistorios de toda España a sumarse a ese plan de rescate diseñado para municipios con graves problemas financieros y que, a lo largo de su primera fase, ya ha contado con un total 88 adhesiones. El Gobierno compromete el apoyo financiero de las arcas del Estado a cambio de una vigilancia «al detalle» de ingresos y gastos. Es decir, garantía de liquidez para el «día a día» pero austeridad absoluta y limitación casi total de inversiones durante una década. En el caso de la Comunidad Valenciana, la medida, en la su segunda fase, afecta a 45 consistorios, de los que 13 son de la provincia -8 de ellos aún están valorando la solicitud del rescate mientras otros, sin embargo, esperan respuesta por parte de Madrid a la petición que ya han realizado-; una docena pertenecen a Castellón; y otros 20 a Valencia.

Montoro intenta que los municipios se dejen intervenir antes de tener que abordar la medida por obligación. «El control será estricto porque se ayuda a estos municipios con el dinero de todos los españoles», apuntaron desde Hacienda. Aunque el departamento de Cristóbal Montoro rechazó revelar la identidad de las poblaciones afectadas sí ofreció, por contra, pistas muy claras sobre el perfil de las localidades que tendrán que recurrir al rescate: son administraciones con un deterioro financiero estructural que viene de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. En el listado los hay que, incluso, incumplen las tres condiciones. En el cuadro anexo se recoge una muestra de los municipios de la provincia que, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Gobierno y actualizados hasta el 31 de diciembre de 2012, arrastran una mayor deuda. Figuran Benidorm, Daya Vieja, Finestrat, Tollos o el Castell de Guadalest, entre otros.

A las corporaciones que se sumen al rescate, Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas, anticipos por más de un ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras. A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos con un aumento de la presión fiscal o de la recaudación de precios públicos y tasas. Pero, además, tendrán prohibido encadenar prórrogas presupuestarias y se arriesgan a que Hacienda les tenga que dar el visto bueno a sus cuentas anuales para ajustar las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos. Otra de las condiciones es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá realizando los ingresos de la financiación y de la que podrán ir obteniendo dinero sólo bajo estricta supervisión del Ministerio.