Dos funcionarios municipales citados a petición del fiscal Anticorrupción aclararon ayer ante el juez que instruye las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en qué fechas presentó oficialmente el constructor Enrique Ortiz su plan de urbanización del entorno del Rico Pérez con el que pretendía construir viviendas, una gran superficie comercial y zona hotelera.
El magistrado pretende buscar entre las fechas de presentación del proyecto de reforma del entorno del estadio los datos oficiales en los que llegó la petición al Ayuntamiento y cotejarlos con las conversaciones grabadas por la Policía, donde se evidencia que el Rico Pérez ya era un tema abordado entre Ortiz y Castedo, por entonces aún concejala de Urbanismo.
Los dos funcionarios citados ayer en calidad de testigos fueron la jefa del Departamento de Planeamiento Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo en 2008, Isabel Campos -quien está denunciada por EU en la causa abierta en Alicante por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa- y el que fuera jefe del Departamento Técnico de la Gerencia, Manuel Beltrá. Ambos intentaron aclarar las discordancias en la documentación presentada ante el juez por el Ayuntamiento y la que aportó la alcaldesa, Sonia Castedo, ya que que la entregada por ésta cuenta con una hoja y un sello que no figuran en el expediente municipal.
Concretamente, la hoja supuestamente extraviada en el Consistorio es la diligencia a partir de la cual Isabel Campos, con fecha 16 de abril de 2008, pidió a Beltrá que informara del Plan de Reforma Interior Municipal (PRIM) presentado por Aligestión para remodelar la zona del entorno del Rico Pérez. La explicación sobre la hoja extraviada, firmada por Isabel Campos, fue que se habría perdido durante su traslado por algún oficial, según ella misma indicó. En cuanto a preguntas sobre su relación con Ortiz y con el PRIM, sus respuestas fueron, respectivamente, relación laboral con Ortiz y ninguna con el PRIM, salvo pedir que los técnicos informaran sobre el mismo, según indicaron fuentes cercanas a la investigación. El fiscal la hace partícipe de reuniones sobre el Plan General -como declaró el redactor del PGOU, Jesús Quesada- en paralelo a sus conocimientos sobre los intereses de Ortiz junto al estadio, que terminaron recogidos en buena parte en la primera versión del Plan General.
Por su parte, Beltrá declaró que informó el 4 de junio en contra del PRIM y recomendó incluirlo en el PGOU por la reforma sustancial que suponía para la ciudad. El día 24 de julio Aligestión desistió de seguir adelante con el proyecto. Posteriormente, Beltrá fue trasladado a otras dependencias desligadas del Urbanismo mientras que Isabel Campos, interina y con un puesto a dedo, consiguió un cargo de responsabilidad en la gerencia.
En esta causa están imputados, entre otros, Castedo, Alperi, Quesada y los dos socios del despacho de abogados Salvetti, uno de ellos el hermano de la alcaldesa.
