El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, propuso ayer, a través de un extenso informe, la supresión de dos de los órganos estatuarios más importantes de la Comunidad Valenciana: la Sindicatura de Cuentas, encargada de fiscalizar la gestión económica de la autonomía; y la de Greuges, responsable de atender las quejas de todos los ciudadanos. Con la medida, el Consell se podría ahorrar cerca de nueve millones de euros anuales si se tiene en cuenta que en los presupuestos previstos para 2014 se destinan tres al defensor del pueblo autonómico mientras que el organismo fiscalizador recibe seis millones.
La reforma de las Administraciones Públicas que planea el Gobierno central apuesta por la supresión de «duplicidades» y entiende que la función de estos organismos se puede desarrollar desde un único ente situado en Madrid. Recentralización. La medida, detallada en un documento de 730 páginas, afectaría a todas aquellas regiones que disponen de estas figuras y, según datos de Madrid, supondría un ahorro de casi 230 millones a lo largo de los próximos tres años. Desde el Ejecutivo esperan que se pueda ejecutar en un plazo de entre 6 y 18 meses.
Por una parte, el Ministerio de Hacienda apuesta por la supresión de los organismos fiscalizadores, presentes en 13 comunidades, y defiende que, de esta forma, se garantizaría un control homogéneo y más simple desde el Tribunal de Cuentas. Así mismo, señala un ahorro de más de 45 millones de euros. De aprobarse, la Generalitat se quedaría sin uno de sus órganos estatuarios más importante y eficientes que, entre otras cosas, ya alertó hace diez años del descalabro económico que traería la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Además, la Sindicatura, por ejemplo, suele realizar sus auditorias a año vencido mientras mientras que el organismo central fiscaliza con varios ejercicios de retraso. Con todo, desde el Ejecutivo central defienden la propuesta como un intento de controlar desde Madrid los sistemas de fiscalización económicos de todo el Estado. Hay cuatro autonomías, de hecho, que no disponen de esta figura.
La desaparición de los Defensores del Pueblo, existente en 11 comunidades, viene motivada por el «elevado coste de la tramitación por queja», tal y como se detalla en el documento publicado por Hacienda. Además, el informe señala que la supresión de estos órganos generaría un ahorro de 30 millones de euros al año. Por otra parte, el Gobierno central también habla de un bajo rendimiento de los Defensores del Pueblo autonómicos pese a la labor de atención ciudadana que desarrollan y a que la tramitación de la demanda ciudadana es menos costosa económicamente.
La ejecución de esta medida pondrían en solfa el riguroso control externo al que, en estos momentos, están sujetas los instituciones auditadas por la Sindicatura de Cuentas en toda la Comunidad y, al tiempo, podría producir un colapso en el organismo central que, a día de hoy, se apoya en gran medidas en los datos ofrecidos por sus homólogos autonómicos. Así mismo, la supresión del Síndic de Greuges, figura encarnada por José Cholbi, acabaría con un contrapeso al Consell y con la institución de la arquitectura autonómica valenciana que cuenta con su sede en la provincia de Alicante.
