Apagón en Canal 9

Los trabajadores, atrincherados en la puerta del control central que alberga los servidores que garantizan la emisión, evitaron que los técnicos contratados por los liquidadores desconectaran la señal y forzaron al Consell a pedir una orden judicial para que interviniera la Policía. Poco después empezaba un programa especial conducido por Amalia Garrigós y Joan Espinosa con Rafa Molés en conexiones con el exterior de RTVV. A las cinco de la madrugada dieron el relevo a Frederic Ferri y Victoria Maso, los encargados de narrar las últimas horas de la televisión. El programa especial conectó durante toda la noche con los centros de producción de Castelló y estuvo informando del cierre que la Policía había llevado a cabo en el de Alicante. Pasadas las tres y media "la Policía tenía tomado el edificio", según anunciaron los propios periodistas. Las emisiones, sin embargo, todavía continúan.

El primer silencio se produjo en Ràdio 9 poco antes de las doce de la noche del jueves, cuando comenzaba el programa de La Taula Esportiva. Los periodistas que habían preparado el espacio de la noche con total normalidad descubrieron que los repetidores habían dejado de emitir la señal y, sin embargo, reivindicativos con su trabajo, continuaron con el programa a través de internet y utilizando las frecuencias de la antigua Sí Ràdio. "Nosotros vamos a hacer el programa", anunció su conductor, Manolo Montalt. Poco después las redes sociales hervían con la noticia: El Consell había decidido cerrar RTVV. El corte se ejecutó a través de los repetidores de Torrent, Alicante y el Desierto de Las Palmas que gestiona la empresa privada Abertis, que supuestamente recibió la orden del Consell de eliminar la frecuencias. La de Si Radio, que opera a través de equipos propios de la empresa pública, mantuvieron la señal.

Minutos después, la Policía impedía el paso de los trabajadores al Centro de Burjassot desde donde la televisión siguió emitiendo en directo desde el canal informativo, Nou 24, con un programa especial capitaneado por Frededic Ferri sobre su propio cierre. Cerca de la una de la madrugada, muchos los trabajadores se concentraron a las puertas del edificio. Una hora más tarde, un error de los servicios de seguridad permitió la entrada de gran parte de los que se encontraban a las puertas del Centro de Programas en ese momento.

En el programa especial, entre otros muchos periodistas de RTVV, intervino el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, que ha criticado con dureza la decisión del Gobierno de Alberto Fabra: "El PP ha destruido en unas horas, y por la noche, lo que era un anhelo colectivo de los valencianos desde 1984". A las dos de la madrugada, sin embargo,

Una hora después, a las tres de la madrugada, el programa especial de Nou 24 daba paso al plató principal del Nou, donde Amalia Garrigós y Joan Espinosa han comenzado a narrar las últimas horas de la televisión pública valenciana. En una conexión especialmente emotiva con las trabajadoras de la limpieza, que no podían abandonar el edificiio ya que la Policía les impedía sacar sus vehículos, una de ellas, con 19 años en Canal 9, lamentaba entre lágrimas que "yo pensaban que me iba a jubilar aquí, y me voy a jubilar en mi casa".

Mientras se emitía el programa, los trabajadores recibieron un correo electrónico de la empresa comunicándoles que se encuentran desde hoy viernes de "permiso retribuido". La jefa de Programación y Gestión de la Emisión, Manu Ríos, dimitió en la tarde de ayer para evitar la responsabilidad de la desconexión.

Acabar pronto con una "patata caliente"

Echar la persiana a RTVV cuanto antes se había convertido en una prioridad para el Consell que encabeza Alberto Fabra. Acabar pronto con una «patata caliente» que había llevado al presidente de la Generalitat a aguantar el momento más duro de sus treinta meses de mandato. La sucesión de acontecimientos empezó a media tarde. Fabra reunió de urgencia y sin convocatoria previa a los miembros de su Gobierno para destituir al actual consejo de administración, nombrar a los tres «enterradores» de RTVV y validar el decreto con el cese de las emisiones. Lo hizo apenas 24 horas antes de la reunión ordinaria de hoy, lo que evidencia las prisas que tenía el Gobierno autonómico para ejecutar el cierre. Los elegidos para liquidar la sociedad pública son los abogados Pau Pérez y Carlos Cervantes, y el director financiero de Canal 9, Antonio Hervás. Los tres, además, ya formaron la comisión liquidadora de la anterior sociedad. Todo eso ya apuntaba a un cierre inminente. «No sabemos hasta dónde podremos llegar», reconoció el presentador Frederic Ferri en antena cuando se conoció la noticia.

Fabra aceleró los plazos después de que en la medianoche del miércoles entrara en vigor la ley, aprobada con los únicos votos del PP en las Cortes, que permitía acabar con las emisiones de Canal 9. Los trabajadores, pese a todo, continuaron en sus puestos y mantuvieron la programación con normalidad durante todo el día. Ya habían advertido que el Consell tendría que realizar la desconexión. Ningún miembro de la plantilla lo haría. Los trabajadores, precisamente, han convocado hoy protestas frente al Palau de la Generalitat. Pero el Ejecutivo de Fabra, sin embargo, celebrará su reunión ordinaria fuera de Valencia. El titular de la Generalitat ha convocado la sesión en la localidad de Ibi, donde recientemente se produjo un cambio de alcalde. De esa manera, el Consell se evita una nueva manifestación frente a la sede de Presidencia. Grupos de actores y asociaciones profesionales reclamaron hasta el último minuto al líder regional del PP que retrasara el «apagón» de Canal 9 y abriera un periodo de negociación. Pero, desde luego, el jefe del Consell dejó claro, durante su debate parlamentario en las Cortes con los síndics de la oposición, que no hay vuelta atrás.

El Gobierno tenía prisa en echar el cierre pero, sin embargo y por contra, no tiene demasiado interés en averiguar las causas -descontrol en la gestión, despilfarro y manipulación informativa- que han desembocado en la decisión de poner punto y final a la historia de la cadena pública. En otra sesión de las Cortes marcada por las alusiones a la extinción del servicio público de televisión aprobada a propuesta de Fabra, el PP también impuso el rodillo de su mayoría absoluta y se negó a investigar el «agujero» de 1.257 millones originado, casi en su totalidad, a raíz de la decisión de Eduardo Zaplana de facilitar a RTVV avales para endeudarse y cubrir, de esa manera, las pérdidas anuales del ente. «No es ni necesario ni oportuno», aseguró César Sánchez, número tres del PP, alcalde de Calp y, por cierto, firmante de la petición de indulto para Pedro Hernández Mateo, condenado a cárcel por corrupción durante su etapa como primer edil de Torrevieja.

En un tenso debate y de un plumazo, los populares rechazaron, en sendas propuestas impulsadas por el PSPV y EU con el respaldo de Compromís, investigar el lastre económico de la cadena, las constantes denuncias de manipulación informativa y todos los detalles de la gestión política que han conducido al cierre. En este asunto, sin embargo, el grupo del PP, cierto que sin demasiada convicción y por momentos con resignación, se ha mantenido fiel al guión: el dinero que se dedica a RTVV es necesario para mantener servicios públicos básicos. Por contra, en dos jornadas completas de debate, ninguno de los diputados del PP ha puesto encima de la mesa ni un solo dato para avalar una decisión tan traumática. «Hay un gobierno serio y responsable que toma medidas pensando en el bien de los valencianos y no en las próximas elecciones. Primero las políticas sanitarias, educativas y sociales, y después, si se puede, tenemos tele», recalcó el portavoz adjunto, que acusó a los grupos de la oposición de intentar «rascar algún voto». En una sesión que ha disparado la tensión política, la oposición también volvió a cargar con toda su artilleria. Ni por esas. El PP se negó en redondo a investigar la mala gestión que desembocó anoche en un «imagen negra» para la Comunidad.