Los agentes que en julio de 2010 registraron el domicilio y las oficinas del empresario Enrique Ortiz dentro de la operación que, como pieza desgajada del caso Brugal, investiga los presuntos amaños del PGOU de Alicante localizaron entre el material intervenido documentación directamente relacionada con los tres bungalows que desde 2006 han venido ocupando los tres hijos del exalcalde de Alicante Luis Díaz AlperiLuis Díaz Alperi.
Unas viviendas que los investigadores sostienen que fueron un regalo del empresario al exregidor en agradecimiento por la información reservada que sobre el planeamiento urbano de la ciudad le habría facilitado y de las que, al menos sobre el papel, Ortiz se desvinculó en octubre de 2006. Eso ocurrió unos días antes de que el empresario compareciera ante el juez que en aquella ocasión investigaba un presunto trato de favor del Ayuntamiento, a cuyo frente se encontraba Alperi, en la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos en Alicante, un asunto que posteriormente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad.
Entre la abundante documentación que se incautó en los registros llevados a cabo en julio de 2010 en las oficinas de Cívica y en la vivienda del promotor (material que ha sido remitido hace apenas unas semanas al magistrado del TSJ Juan Climent, instructor de este procedimiento en el que además de Ortiz y Alperi también se encuentra imputada, entre otros, la actual alcaldesa, Sonia Castedo) aparecen varias facturas relacionadas con la compraventa de los tres inmuebles por parte del socio con el que precisamente Ortiz levantó la promoción de la playa de San Juan en la que se encuentran los polémicos bungalows. Una operación, la de compraventa, que los investigadores llegan a calificar de «acto simbólico» y con la que el ya exsocio del empresario no hizo un buen negocio al perder cerca de 18.000 euros en el proceso de la adquisición de las casas a Ortiz y su posterior venta a las dos hijas de Alperi, una de ellas Elisa Díaz, también diputada autonómica como su padre.
En los registros en las oficinas de Ortiz también apareció un contrato a nombre de la hija pequeña de Alperi fechado el 2 de noviembre de 2006 por el arrendamiento de un bungalow del que cuatro años después (en 30 de diciembre de 2010) pasó a ser propietaria.
Al margen de los documentos localizados, los agentes, en un informe que ya obra en poder de Climent, se apoyan en las conversaciones intervenidas para llamar la atención sobre el hecho de que el interés del empresario por las tres casas vinculadas a los hijos del exprimer edil continuó aún cuando, al menos oficialmente, ya nada tenía que ver con ver con los inmuebles.
En el citado informe, los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía planteaban la necesidad de indagar el origen del dinero con el que los hijos del político del PP abonaron son sólo la compra de los bungalows sino también las mensualidades durante el tiempo que habrían estado en régimen de alquiler. Entre los documentos intervenidos también aparecen anotaciones con el arrendamiento de la casa que ocupaba el hijo varón del exalcalde, el único que al final no acabó comprando la vivienda en la que residió durante años.
