El Consell Jurídic Consultiu (CJC) no ha hecho ninguna objeción esencial al anteproyecto de ley para reducir el número de diputados en las Cortes, si bien su dictamen parece una enmienda a la totalidad a la iniciativa de Alberto Fabra ya que cuestiona abiertamente que su motivación -la austeridad- esté justificada. Así, recomienda al Consell que elabore un informe económico que justifique la reducción del número de diputados ya que le parece insuficiente el informe que le ha aportado la Generalitat. La idea de eliminar 20 diputados y conformar unas Cortes de 79 escaños fue lanzada hace más de un año por el presidente Fabra, quien, de momento, no ha encontrado el respaldo de la oposición. Para reducir el parlamento, el PP necesita una mayoría cualificada de las Cortes ya que debe modificar el Estatuto de Autonomía, una reforma que tiene un coste añadido. Y este es el punto que el Jurídico no ve claro.
Según los datos que la propia Generalitat le ha facilitado, el órgano consultivo hace constar que con 20 diputados menos, la Generalitat lograría una disminución de gasto anual en concepto de «financiación de los partidos políticos» de 352.800 euros. A este ahorro, habría que añadir reducción de 255.725,80 euros por cada proceso electoral -cada cuatro años en concepto de «subvenciones por gastos electorales». Frente a estas cifras, el CJC contrapone que el referéndum aprobatorio de la reforma proyectada tendría un coste presupuestario de 2,2 millones si se celebra en concurrencia con un proceso electoral que esté a cargo de la administración del Estado; o de 7 millones de euros si no se produce dicha circunstancia. El referéndum vale cuatro veces más que el ahorro para toda una legislatura. De ahí que se reclame un informe económico «más detallado».
