El Consell ha decidido poner la directa y acelerar al máximo el trámite parlamentario para cerrar las puertas de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en tres semanas y sin apenas debate en las Cortes. Acosado por la rebelión de los trabajadores de la cadena pública y por una escena política marcada por la tensión, el Gobierno de Alberto Fabra tomará la vía rápida para intentar reducir el desgaste que supone la clausura, por vez primera en España, de una emisora autonómica lastrada por una deuda de unos 1.300 millones forjada, en su inmensa mayoría, durante los últimos 18 años de gobierno del PP en la Comunidad; y justo después de que el TSJ anulara el ERE que dejaba en la calle a mil de los cerca de 1.700 empleados del ente.

Apenas 24 horas después de una jornada frenética en la que el Consell se reunió dos veces y se editaron hasta tres ediciones del Diari Oficial de la Comunitat (DOCV) para poder renovar «a dedo» y sin el control de las Cortes a la nueva cúpula directiva que enterrará Canal 9, el grupo popular en las Cortes registró la iniciativa que permitirá extinguir la actividad de RTVV y, con posterioridad, liquidar la sociedad. Una propuesta que, además, faculta al Consell a llevar «a negro» la imagen de la cadena pública, que inició sus emisiones en 1989. Aunque el vicepresidente José Císcar, en su habitual comparecencia semanal, se mostró una vez más muy prudente con los plazos, lo cierto es que todo parece orientado a echar la persiana de RTVV antes de final de noviembre.

Con la propuesta ya presentada, la Mesa de las Cortes arrancaría el trámite el martes, un día antes de que Císcar acuda al parlamento para debatir sobre la liquidación del ente. El próximo viernes, en su reunión ordinaria, el Consell podría emitir criterio favorable y, con posterioridad, ya sólo quedaría incluirlo en el orden del día del pleno. Con el calendario casi monopolizado por el debate de los presupuestos de la Generalitat para 2014, todo indica que la proposición -de derogación del Estatuto de RTVV- entraría en el «planning» del pleno de las Cortes marcado para el 27 y 28 de noviembre. Sería, en todo caso, una sesión descafeínada y con sordina. El PP quiere que el último acto de los 24 años de vida de Canal 9 se tramite por el procedimiento de «lectura única». Una solución de urgencia que limita el debate. Veta, de hecho, que los grupos de la oposición puedan presentar su propia alternativa a través de enmiendas. Para el vicepresidente José Císcar, sin embargo, se trata de la «mejor fórmula y la más breve» para la tramitación.

El proceso administrativo será complicado. De hecho, a partir de la próxima semana, cuando el fallo del TSJ sea firme una vez que el Consell ya ha descartado presentar un recurso, se tendrá que iniciar un proceso de readmisión del millar de despedidos con el ERE. Es decir, la plantilla de RTVV volverá a ser de 1.700 personas. Acto seguido, se pondrá en marcha la extinción de la sociedad y, por tanto, la marcha de todos los empleados, a los que, como el propio Císcar apuntó, se les tendrá que pagar la indemnización máxima en tanto que sus contratos son anteriores a la reforma laboral. Serían 70 millones en total. Treinta por la diferencia de las indemnizaciones de los que ya se marcharon como consecuencia del ERE, otros 30 para saldar deudas con los que continuaban y diez para los salarios de tramitación.

Sólo en la hipótesis de que la nueva dirección -elegida a golpe de decreto por el Consell- pudiera sancionar a trabajadores a raíz de la sublevación que dejó en manos de la plantilla la gestión del canal el pasado martes, se podría dar el caso, apuntaron fuentes del PP, de que se produjera algún despido procedente y dejar la indemnización en menos de la mitad. Los populares consideran necesaria la supresión de la actividad de RTVV «en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la Generalitat». El texto deja claro que el Consell no puede asumir en momentos de crisis económica la carga de una plantilla de 1.700 trabajadores, con un coste de 72 millones de euros anuales y de 228 millones, cumpliendo la sentencia, hasta el final de la legislatura.