«Si esto lo hubiéramos hecho antes, igual no hubiéramos llegado hasta aquí». Bea Ponce, 18 años como redactora de informativos en Ràdio 9, trataba de mantener la compostura profesional mientras luchaba contra la idea de que estaba trabajando para un cadáver que retransmite su propio entierro. Testigo y afectado, cronista y fuente al mismo tiempo, apuntaba su micrófono hacia los políticos y sindicalistas que se sumaron a la concentración convocada por sus compañeros antes de recoger su equipo y convertirse en el objetivo de las cámaras y las grabadoras como trabajadora del ente audiovisual que el Consell ha fulminado en cuestión de horas. «Mantener una televisión autonómica no es un lujo; el lujo es mantener unos dirigentes que gestionan lo público como si fuera su cortijo. Es un derecho, como la Sanidad o la Educación», declaraba la periodista. Tras ella, una pancarta y una veintena de técnicos, cámaras y redactores de la plantilla que sobrevivió al ERE y aún trabaja en el edificio que Radio Televisión Valenciana ocupa en la avenida de Aguilera de Alicante. Con ellos, excompañeros que no tuvieron la misma suerte, miembros de la Asociación de la Prensa y portavoces de la oposición y las centrales sindicales. Frente a todos, contemplando la protesta en la acera de enfrente, policías nacionales y ciudadanos impasibles.
Quedan 28 personas en el enorme edificio de esta avenida por el que el Consell sigue pagando «un alquiler de 18.000 euros al mes», como cuenta un trabajador, para albergar las oficinas, estudios y platós de RTVV. Son el 20% de la plantilla que tenía la delegación hace poco más de un año, antes de que la Generalitat ejecutara el ERE. «Antes del expediente no estaba ocupado del todo, pero ahora es un edificio fantasma», cuenta un redactor de informativos que prefiere no desvelar su nombre.
En la misma concentración, un técnico cuenta que desde hace meses el centro de trabajo de Alicante limita su producción a tres informativos diarios y a rondas de actualización cada hora. Desde los despidos, se han cancelado los tres programas que se seguían haciendo en Alicante, «Ocupa't», «Crono Basket» y «Clau Econòmica». «¿Qué van a hacer con la sede ahora? No sabemos ni qué vamos a hacer nosotros mañana. Son todo preguntas», lamenta el periodista.
Ayer, durante la mañana del día después de que Alberto Fabra anunciara la clausura incondicional de RTVV, los trabajadores de Canal 9 seguían comentando las horas «orwellianas» que vivieron la tarde anterior: «Nos enteramos leyendo otros medios, nadie nos avisó. Después vimos cómo se anunciaba el cierre de RTVV en nuestro propio canal», apuntó el redactor. Anuncio y resistencia: durante el resto de la jornada, la plantilla de Canal 9 se adueñó de la sede de la corporación en Burjassot para emitir un telemaratón desesperado. Por primera vez en su historia, la televisión autonómica mezclaba la denuncia virulenta contra el Gobierno de Alberto Fabra que la ha dejado caer con llamadas a la solidaridad para defender «las señas de identidad valencianas».
Un incendio, que al cierre de esta edición seguía fuera del control del Consell, un clímax narrativo en la tragicomedia en que se ha convertido la historia reciente de RTVV. Un día histórico dentro del «infierno» que han vivido los empleados de la corporación «desde que supimos que iban a despedir a mil personas», como cuenta Ponce. Ella y sus compañeros hablan de un ERE «sin criterio ni baremación», donde se metía a «padres de familia numerosa», «parejas que iban los dos a la calle» o a personal con «la oposición aprobada». De un expediente, presentado después de «un paripé de negociación de la Generalitat y el bufete Garrigues», como recuerda el secretario de Servicios Públicos de CC OO-PV, Juan Cruz, que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia. «Ayer celerábamos que les obligaban a readmitir a los que echaron y por la tarde nos íbamos todos a la calle», recuerda la redactora de informativos.
Manipulación
Llanto y rechinar de dientes por la pérdida de un trabajo que no supieron, o quisieron, defender cuando era el momento. «Ha habido manipulación estos años; la prueba es que cada uno de los directivos que han desfilado por el juicio del ERE decían que funcionaban al dictado del Consell», cuenta Bea Ponce, quien tampoco rechaza que parte de la responsabilidad por el descrédito que ha hundido la audiencia hasta el 3,8% cae sobre los empleados. «He intentado llevarlo de la manera más digna posible», sostiene sin embargo. Cree que la corporación pública tiene futuro si se «apuesta por la producción propia».
«¿Autocrítica? Mucha, mucha», medita el antiguo regidor de programas y hoy ayudante de realización Enrique Martín. «Ha faltado movimiento de la base, no hemos puesto en duda la manera de actuar de los jefecillos de arriba... Ha faltado también solidaridad con los que se iban a la calle sólo por protestar. La gente terminaba pensando "yo hago mi trabajo y que cada uno haga lo que pueda"», cuentan él y su compañero de informativos.
Pero tampoco están dispuestos a admitir «que la plantilla sea la culpable del agujero» de 1.250 millones que el PP quiere tapar para «salvar hospitales». «¿Tres mil euros al mes? Eso serán los del Grupo I -jefes, coordinadores y expertos, según el convenio de 2010-. El salario medio de la plantilla son 1.500 euros al mes en 14 pagas, lo normal en el sector audiovisual», explica Javier Moya, miembro del comité de empresa por CC OO. «¿Y los 30 millones al año por patrocinar al Valencia, o los contratos a productoras amigas que grababan en nuestros platós y cobraban como servicio externo?», recuerda el regidor. El sábado continúan con su reivindicación en una marcha a favor de RTVV por las calles de Alicante.
