Apenas siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) anulara el ERE que afectaba a más de un millar de empleados en un auto que obligaba a su readmisión, el Consell cumplió con la amenaza que el vicepresidente José Císcar venía repitiendo semana tras semana: anunció el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), el ente que daba cobertura a las emisiones de Canal 9 y de Ràdio 9. Con un frío comunicado colgado en la web institucional de la Generalitat y sin comparecencia pública ni de Císcar ni tampoco del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, -lo hará hoy- para explicar una decisión tan drástica, la Generalitat puso punto y final a 24 años de historia que se iniciaron el 9 d'Octubre de 1989 con un proyecto que, en principio, debía garantizar un sistema de comunicación público -objetivo que se quedó luego completamente desvirtuado por las presiones políticas- y colaborar en la normalización del valenciano. Canal 9 se convierte en la primera televisión pública autonómica de España que acaba echando la persiana.

«No nos podemos permitir una televisión con 1.700 trabajadores. Si el TSJ anula el ERE, habrá que cerrar Canal 9», decía una y otra vez el vicepresidente Císcar. Y la advertencia se cumplió al detalle. Con una deuda de casi 1.200 millones -más que algunas autonomías- y con una nefasta gestión política que multiplicó por tres la plantilla desde que el PP llegó al Palau, el Gobierno de Alberto Fabra decidió hace ahora un año y dos meses aprobar un ERE para despedir a 1.198 empleados -luego tuvo que salvar a 186 para garantizar las emisiones- en el mayor expediente aplicado en una empresa pública. Cuatro sindicatos -Intersindical, UGT, CC OO y CGT- impugnaron la medida. El juicio -después de un conflicto de competencias con la Audiencia Nacional- arrancó el pasado 21 de octubre en el TSJ. Finalmente, la resolución judicial -conocida ayer- confirma de facto la petición de la Fiscalía que, durante la vista, ya había solicitado la nulidad de los despidos. La Sala de lo Social del TSJ, efectivamente, suspende el ERE y reconoce el derecho de los trabajadores a ser readmitidos. El alto tribunal valenciano justifica el fallo en dos cuestiones. Primero, apunta, se produjeron «irregularidades importantes» en la tramitación. Y, en segundo término, se vulneró el principio de igualdad y se conculcaron derechos constitucionales durante el proceso de selección de los afectados por el ERE.

Conocida la sentencia, el Consell puso en marcha la maquinaria para tomar la decisión de cerrar el ente. No se valoró ni siquiera la alternativa de alargar la agonía presentando un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, una decisión que hubiera supuesto un desembolso de 40 millones para reubicar a la plantilla y mantener abierta la herida, como poco, durante un año más. «El Consell ha querido hacer pública esta decisión con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV», señala la nota del Gobierno de Fabra que ejecuta la clausura.

Mantener a los 1.700 trabajadores suponía un gasto anual de 72 millones a lo que había que añadir la factura de funcionamiento. «Un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos», apunta el comunicado. El contrato-programa -documento de gestión de la nueva cadena en el que ya se aludía a la posibilidad del cierre- cifraba ahora la aportación del Consell, de hecho, en menos de 70 millones por ejercicio. La crítica situación económica de la Generalitat, apuntaron desde el PP, no permitía asumir la carga de volver a una cadena con el ritmo de gasto anterior a la ejecución del ERE. Fabra reunió a su «gabinete de crisis» y durante una convocatoria en la que también participó el vicepresidente José Císcar se acabó tomando el camino de acabar con RTVV. Los trabajadores afectados por el ERE, para entonces, ya habían pasado de celebrar a las puertas de la cadena la resolución judicial a protestar frente al Palau de la Generalitat.El proceso de cierre arranca cuando se había iniciado la privatización de la programación y justo cuando ayer mismo se presentaba la nueva temporada de l'Alqueria Blanca, la «serie estrella» de la emisora pública.

El Consell acelerará al máximo los plazos: pondrá fin a la actividad por ley mediante una tramitación parlamentaria «express» en apenas mes y medio con la intención de ahorrar los 40 millones de los costes de readmisión. A media tarde, el jefe del Consell citó en el Palau de la Generalitat a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, -con la que el PP ya mantenía importantes diferencias pese a que llevaba pocas semanas en el cargo- y le trasladó la medida. Vidal se marchó del despacho de Fabra pasadas las siete y media de la tarde sin hacer declaraciones. Diez minutos más tarde, Frederic Ferri, uno de los presentadores de informativos, se hacía eco del comunicado de la Generalitat en el canal 24 horas de la emisora. «Es una mala noticia para la sociedad valenciana», aseguró Ferri.

Poco después, durante el noticiario vespertino de la cadena y en un plató copado como protesta por la decisión de Fabra, los trabajadores emitían la noticia con la nota pública de la Generalitat, ofrecieron la opinión de los grupos de la oposición y leyeron su propio comunicado en el que cargan contra la gestión del ente público, se quejan de los casos de corrupción ligados a directivos y piden responsabilidades políticas. Aunque no citaron ninguna sigla, la cadena permanece bajo control del PP desde 1995. A buen entendedor...