No sólo no habrá rebaja de impuestos para 2014. Todo lo contrario. Acuciado por las deudas y necesitado de ingresos extraordinarios vengan de la caja que vengan, el Consell prorrogará en 2014 la subida del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, en un principio, el PP prometió aplicar únicamente en los ejercicios de 2012 y 2013 como un «recargo extraordinario de solidaridad». La Generalitat, de acuerdo con los datos que aparecen en la memoria que figura junto a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del próximo año, incumplirá esa promesa para ampliar su vigencia e ingresar por esa vía un total de 28,2 millones, de los que el 62% penalizarán a las rentas asalariadas por debajo de 60.000 euros. Pero que, además, suponen más dinero -8 millones- que los beneficios fiscales prometidos «a bombo y platillo» por Alberto Fabra y el conseller Juan Carlos Moragues. A Dios rogando y con el mazo dando.
Sin mejoría clara de la actividad económica para aumentar los ingresos y sin un cambio en el modelo de financiación autonómica que compense el expolio de más de mil millones anuales que sufre la Comunidad, a la Generalitat, en la línea marcada por el propio Fabra y el vicepresidente José Císcar, no le queda otra salida que mantener la presión fiscal y desmarcarse, de esta manera, de las bajadas de impuestos que están aplicando otros gobiernos del PP, como es el caso de Madrid. El jefe del Consell criticó con dureza a su homólogo madrileño por la decisión. Y Císcar deslizó el jueves, durante su comparecencia semanal posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, que sin más participación en el reparto de los fondos del Estado será imposible rebajar los impuestos.
De esta manera, efectivamente, en la página 4 del citado informe, el Gobierno de Fabra incluye la «prórroga» -palabra que cita el documento de forma textual- de la subida autonómica del IRPF para mantener esa porción de ingresos de 28,2 millones. Al conseller Moragues, por tanto, no le queda otra que alargar una decisión que, en su día, tomó su antecesor José Manuel Vela en plena oleada de recortes y de ajustes para intentar controlar el déficit. Unos 17 millones del total de la recaudación se cargará sobre las rentas de menos de 60.000 euros; un 26% de esa partida -algo más de 7 millones- recaerá sobre los sueldos de entre 60.000 y 175.000 euros; y, finalmente, el 12% restante a los contribuyentes con emolumentos superiores a esa cantidad. El Consell defendió la medida por la creación, precisamente, de dos nuevos tramos de pago a partir de 120.000 euros y de 175.000 euros. Pero, al final, la mayoría de esa recaudación afectará a las rentas más bajas. La estrategia del PP pasa, de hecho, por intentar suprimir esta subida en 2015 para rentabilizarla en año electoral.
Frente a eso, cuestión sobre la que el conseller Moragues pasó de puntillas durante la presentación de la Ley de Acompañamiento sin cuantificar -ni siquiera a preguntas de los periodistas- el coste para los ciudadanos de mantener vigente la subida del IRPF, el Ejecutivo autonómico sí vendió «a bombo y platillo», por contra, una serie de beneficios fiscales que, atendiendo a los datos de la citada memoria, son una simple propina. Un botón de muestra. Es superior el impacto de la subida del IRPF que ahora se prorroga para 2014 que el ahorro que puede acabar generando en los bolsillos de los valencianos las exenciones fiscales que aparecen en las cuentas autonómicas para el próximo año.
El conjunto de esas medidas incluye la devolución de parte del «céntimo sanitario» a los profesionales del transporte por importe de 14,7 millones; una deducción para obras de mejora en la vivienda habitual con un impacto de casi 1,4 millones para 4.500 beneficiarios; la bonificación total, en casos de novación de hipotecas con complicaciones en el pago, del 100% de la cuota del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y de Transmisiones Patrimoniales con un coste en las cuentas de la Generalitat de casi 2,7 millones; beneficios para familias numerosas por hasta 600.000 euros; y una exención en materia de juego por casi 1,5 millones. En total, 20 millones de ahorro para algunos contribuyentes frente a 28 de carga en el IRPF que tiene que acabar pagando todo el mundo.
