Las revelaciones de un testigo sorpresa llevan al TSJ a decretar el secreto de 4 piezas de Gürtel

El juez Ceres acuerda el secreto parcial durante 30 días de las investigaciones vinculadas a la visita del Papa a Valencia, a la supuesta financiación ilegal del PP en las autonómicas de 2007 y a la adjudicación de una guía de comunicación a El Bigotes

30.10.2013 | 12:53

La declaración de un testigo sorpresa del que, por ahora, se desconoce su identidad, puede acabar provocando un giro inesperado en la investigación vinculada a la actividad de la red Gürtel en la Comunidad. El juez José Francisco Ceres, instructor en el TSJ de Valencia de los sumarios vinculados a la trama de Francisco Correa y El Bigotes, decretó ayer el secreto parcial sobre las actuaciones en cuatro de las seis piezas que, en estos momentos, se encuentran activas. Este testigo, como recoge de forma textual el auto que se conoció a media tarde, habría aportado «diversos documentos que resultan de interés para la investigación y esclarecimiento de los hechos». Esas revelaciones han llevado al magistrado a acordar el secreto parcial de las actuaciones toda vez que, como recoge la citada resolución de cinco páginas, «exigen la práctica de nuevas diligencias de investigación» que, en principio, se determinarán a partir de ahora.

Este inesperado movimiento se detalla en un fallo que tiene como origen una comparecencia voluntaria que se produjo el pasado viernes 25 de octubre de un testigo que no estaba citado y que, sin embargo, aportó documentos que tienen incidencia directa sobre cuatro de las seis piezas en las que se encuentran divididas las pesquisas relacionadas con Gürtel. El auto apunta que esta nueva serie de revelaciones afecta «singularmente» al sumario número cuatro, en el que se investiga un supuesto reparto de comisiones a través de sobrecostes millonarios en la contratación de pantallas de vídeo y equipos de sonido para la retransmisión a través de Canal 9 de los actos principales de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Concretamente, ese secreto sumarial tiene que ver con los documentos aportados por el testigo, con un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre Teconsa –mercantil ligada a la red Gürtel que gestionó toda la subcontrata– y a una contestación a ese oficio de RTVV.

La decisión judicial también se refiere a algún aspecto puntual vinculado a los sumarios 1 y 2, en los que se agrupan las pesquisas relacionadas con la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps venció con mayoría absoluta y con el mejor resultado que nunca haya logrado un presidente de la Generalitat. En esas dos piezas aparecen imputados los principales cargos de la cúpula del PP durante la etapa de Camps. Y, finalmente, la resolución del magistrado alude, igualmente, a un contrato incluído en la pieza número 5, la que analiza adjudicaciones de consellerias y sociedades públicas a las mercantiles de la trama corrupta. Concretamente, hace referencia a la elaboración de una guía de comunicación en 2005 que el Consell, entonces bajo mando de Francisco Camps, utilizó como regalo de Navidad. Una subcontrata en la que algún testigo ha apuntado a la actual delegada del Gobierno en la Comunidad, Paula Sánchez de León, entonces una de las personas de confianza junto a Dora Ibars de Esteban González Pons en Presidencia. El secreto se refiere inicialmente a esa contratación aunque, señala el magistrado, no están excluídas otras contrataciones que puedan verse afectadas.

El magistrado acuerda que se forme una subpieza dentro de las diligencias principales, bajo la custodia de la secretaria judicial, cuyo secreto parcial se alzará «a la mayor brevedad», una vez practicadas las diligencias «pertinentes» directamente relacionadas y derivadas de la comparecencia del pasado viernes. Una vez alzado el secreto parcial acordado, el juez lo notificará a las partes del procedimiento en su integridad, y remitirá testimonio de las diligencias respectivamente practicadas, según se indica en el mismo auto, contra el que cabe interponer recurso de reforma o apelación, en el plazo de tres o cinco días hábiles.

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