Suma y sigue. Ciudad de la Luz ha abonado un total de 5,7 millones de euros de manera irregular a las productoras Tornasol y Castafiore -esta última filial de la primera- para captar rodajes en el complejo cinematográfico alicantino. La diputada socialista en las Cortes Eva Martínez ha tenido acceso a los cinco contratos que sellaron las dos partes y ha podido comprobar de primera mano las ventajosas condiciones que Ciudad de la Luz, dependiente del Consell, brindó a esas productoras. El primero de esos acuerdos se selló el 29 de noviembre de 2007, cuando José María Rodríguez Galant ostentaba la dirección general del complejo cinematográfico. A propuesta de Tornasol, la empresa y las productoras firmaron un contrato por cuatro años (2008-2011) mediante el que Tornasol y Castafiore se comprometían a llevar a Alicante entre cuatro y ocho obras audiovisuales al año, con un impacto económico que oscilaría entre los 18 y los 30 millones de euros. A cambio, Ciudad de la Luz se comprometió a abonar a ambas hasta un 20% del gasto local calificable (el gasto que se realizara en la Comunidad -no sólo en Alicante-, con motivo del rodaje) durante los dos primeros años de vigencia del acuerdo, y de hasta un 18% durante los dos últimos.

Ese primer contrato recogía ya aspectos curiosos. Por ejemplo, en él se explicita que no es necesario que existan los principios de publicidad y concurrencia para proceder a la firma. «El presente contrato, no se trata de un contrato administrativo de obra, ni de servicios, ni de consultoría ni de asistencia técnica, sino un contrato de naturaleza privada, en el que rige la voluntad de las partes, de aceptar una propuesta de colaboración, sin que sea posible acudir a los principios de publicidad y concurrencia», reza el escrito de manera textual.

Tanto Ciudad de la Luz como la productora optaron, además, por dotar de confidencialidad al contrato. Incluso explicitaron en él que no se le cedería bajo ningún concepto a ningún medio de comunicación. «Las partes acuerdan que los términos y condiciones del presente contrato son confidenciales y a tal efecto, se obligan a mantenerlos reservados y a no divulgarlos a ningún tercero, incluidos medios de comunicación, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte», se detalla en el documento.

Tornasol y su filial Castafiore se encargaron además de blindarse más ingresos si Ciudad de la Luz decidía realizar una convocatoria pública similar al contrato, pero con unas condiciones económicas más ventajosas. Si se diera ese caso, se renovaría automáticamente ese primer contrato para que las dos productoras obtuvieran más fondos.

La modificación del contrato llegó, pero no precisamente porque el complejo convocara un concurso. El 5 de mayo de 2009, las dos partes acordaron mejorar las condiciones en la forma de pago porque el Instituto Valenciano del Audiovisual, creado ese mismo año, sí había realizado una convocatoria pública.

La segunda novación se concretó el 20 de octubre de 2009, apenas cinco meses después de la primera. Esta ya la firmó Elsa Martínez y no Rodríguez Galant. También consistió en modificar las condiciones de pago y se le aplicó la retroactividad a agosto de 2009.

Hubo más modificaciones en el contrato. Concretamente dos. La primera -y tercera en total- fue una de las más ventajosas para las productoras, dado que amplió del 18% al 20% el dinero que le tendría que abonar Ciudad de la Luz durante 2010 y 2011 en función del gasto local calificable. Se firmó el 7 de enero de 2010.

La última novación, fechada el 15 de marzo de 2011, también fue llamativa. Las dos partes decidieron ampliar el contrato durante otros cuatro años pese a que eran conscientes de que la Unión Europea (UE) podía poner en solfa, tal y como al final ocurrió, la actividad del complejo. Además, se mantuvo ese 20% de devolución del gasto local calificable.

Fue después cuando se confirmaron los peores presagios. La UE consideró ilegales las ayudas que obtuvo Ciudad de la Luz para levantar el complejo y además declaró irregulares el dinero que se dio a las productoras, entre ellas Tornasol y Castafiore, para captar rodajes. «Todo incentivo otorgado a productores cinematográficos bajo la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz (...) constituyen ayuda estatal incompatible con el mercado interior», apunta la resolución de Bruselas.