El exportavoz del PP en las Corts Rafael Blasco, pendiente de sentarse en el banquillo por el caso Cooperación, en el que el fiscal y la propia Generalitat le piden más de 11 años de cárcel por el supuesto desvío de fondos al tercer mundo en su etapa como conseller de Solidaridad, no sufrirá estrecheces como diputado no adscrito. Los populares avanzaron ayer en la Mesa y la Junta de Portavoces que concederán a Blasco -quien a finales de junio abandonó el grupo popular horas antes de su expulsión y después de que el PPCV lo suspendiera de militancia- una subvención mensual para atender a sus gastos de funcionamiento y contratar a un asistente aunque dejaron en el aire la cantidad, que no podrá superar los 1.588 euros. Así, a su sueldo como parlamentario de 3.604 euros brutos, Blasco añadirá otra suma hasta un máximo de 5.193.

A la Mesa llegó ayer un escrito del propio exportavoz apremiando a la Cámara para que le otorgaran esta subvención y el informe jurídico sobre su concesión. La institución da a los grupos, entre otras ayudas, 1.588 euros al mes por diputado para sufragar sus gastos de funcionamiento. La parte de Blasco la perdió el PP al marcharse del grupo el exconseller, y es la que éste reclama. El PSPV alertó sobre el riesgo en la gestión de estos fondos, ya que, una cosa es un grupo y otra un parlamentario. Y se pidió un informe jurídico. Éste se limita a señalar que la Mesa puede decidir lo que considere, siempre que no exceda de los 1.588 euros. El portavoz del PP, Jorge Bellver, aseguró tras la junta que se va a poner «a disposición de este diputado exactamente el dinero necesario para que pueda ejercer su trabajo». En cambio, la oposición exigió que no se le dé «ni un euro» y acusó al PP de «alentar el transfuguismo», criticó Enric Morera, de Compromís.

Ignacio Blanco (EU) recordó que en la anterior legislatura el PP negó esta subvención variable por diputado a los tres parlamentarios de Esquerra Unida que salieron de Compromís y constituyeron la Agrupación de Diputados No Adscritos. Solo recibían la ayuda en concepto de personal, para contratar a un administrativo, de 2.465 euros mensuales. Para el socialista Antonio Torres, la decisión esconde el «miedo» del PP al exportavoz, que actúa como un diputado popular más en las votaciones y en los pasillos, y tampoco ha pedido intervenir.