La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía ha localizado en la Islas Caimán una cuenta a nombre de Javier Gutiérrez, abogado urbanista y socio en el bufete Salvetti de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Ambos están imputados, junto a la regidora, al anterior primer edil, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, en el proceso que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por los presuntos amaños en el PGOU de Alicante.

A raiz de la localización del depósito de la sociedad panameña Blue Syren S.A., de la que aparece como beneficiario último Gutiérrez, el magistrado Juan Climent, instructor de la causa del PGOU, ha pedido a la delegación en Alicante de la Agencia Tributaria toda la información fiscal de que disponga de quien también fuera concejal socialista, en especial la «relativa a la declaración de bienes y derechos en el extranjero en los últimos diez años así como la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero mediante el modelo 720, en el año 2012», según recoge una providencia firmada anteayer por el magistrado donde se deja constancia del objetivo de averiguar «el origen de los fondos».

La localización de esta cuenta es fruto de las pesquisas policiales que se vienen realizando en el marco de la pieza separada del caso Brugal que investiga si Castedo y Alperi facilitaron datos reservados del planeamiento urbano de Alicante, que salió a exposición pública en octubre de 2008, al empresario Enrique Ortiz a cambio de prebendas.

«Sin actividad desde 2008»

Fuentes próximas a Gutiérrez explicaron ayer a este diario que la cuenta localizada en las Cayman lleva sin registrar ingresos desde el 1 de enero de 2008 aunque de hecho carecía de actividad desde seis meses antes. Con un saldo de dos millones de euros procedentes «de su actividad profesional», según precisaron las mismas fuentes, el exedil decidió regularizar el depósito el pasado julio, lo que hizo abonando a Hacienda 1,2 millones de euros.

Al margen de su imputación en la causa del PGOU, el exedil tuvo que declarar el pasado mayo en el TSJ, aunque en esa ocasión en calidad de testigo, en el proceso abierto por delito fiscal contra Díaz Alperi. Gutiérrez ratificó ante el magistrado la existencia de un contrato entre su sociedad, Blaurban S.L. y la del exregidor, Andarx Business, por la que la primera le encargó a la segunda una gestión de asesoramiento integral en los procesos de inversión inmobiliaria que desarrollara.