La Abogacía de la Generalitat recurrió ayer el auto de procesamiento en el que se incluye la responsabilidad civil subsidiaria de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) dentro del caso Vicente Sanz, en el que investiga los supuestos abusos sexuales que el exalto cargo de Canal 9 pudo cometer sobre tres empleadas de la cadena. Los argumentos para justificar esta decisión de la Generalitat fueron que «al tratarse de un ente dependiente de una administración pública no tiene por qué prestar ninguna fianza». En el auto de procesamiento, dictado hace una semana por la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna (Valencia), se fijaba una fianza de 30.000 euros para RTVV.
La magistrada fundamentaba su decisión en que en el momento de los hechos, Sanz estaba trabajando en el ente, y además el 90% de los actos denunciados tuvieron lugar en su despacho de la empresa pública. También recordaba la existencia de «indicios» de que el exalto cargo se prevalió de su puesto de trabajo como secretario general de RTVV para, entre los años 2007 a 2010, solicitar favores de naturaleza sexual a tres empleadas subordinadas del procesado. Por otra parte, el propio Vicente Sanz acudió ayer al juzgado ya que estaba citado para escuchar la lectura del auto de procesamiento pero se negó a que se leyera el documento y se acogió a su derecho a no declarar. Tan solo se límitó a negar los hechos.
