Las Cortes Valencianas se han convertido, desde hace tiempo, en un frontón. El PP trata de reducir el debate a la mínima expresión y por la vía rápida: imponiendo el rodillo de su mayoría para cercenar cualquier iniciativa de la oposición. Aunque se trate de propuestas dirigidas a aplicar nuevas medidas de transparencia a la labor de la clase política o a investigar algunas de las sombras de duda que planean sobre la gestión del PP en la Comunidad. La sesión parlamentaria de ayer no fue una excepción en esa línea marcada por los populares. Confirmó por completo el rumbo que ha tomado la legislatura. De una tacada y en una sola jornada, la mayoría absoluta del PP se encargó de rechazar una propuesta para publicar las declaraciones de renta de los diputados, de impedir la reapertura de la comisión sobre el accidente de metro de Valencia en el que murieron 43 personas y de finiquitar todas las iniciativas de la oposición para investigar supuestos casos de corrupción vinculados a la familia de Juan Cotino, a la trama Gürtel y a adjudicaciones realizadas desde la Generalitat.
En una jornada muy tensa que se saldó con la expulsión tanto de una víctima del accidente del metro que seguía el debate de la mañana desde la tribuna de invitados como, ya por la tarde, del parlamentario de EU Ignacio Blanco, el arranque no pudo ser mas descorazonador. El PP liquidó una propuesta de EU para que la condición de diputado sólo se pueda adquirir con la obligación de presentar la declaración de renta junto a la de bienes y actividad. Los populares la rechazaron bajo el argumento de que sería un «disparate». Luego llegó el turno de empezar a debatir las diferentes comisiones de investigación registradas por la oposición. La primera en decaer fue la que planteaba reabrir la del accidente de metro. «Hay que remitirse a los hechos no a las insidias», señalaron desde la bancada del PP antes de asegurar que el siniestro fue «una imprudencia probada y acreditada». A partir de ahí también se quedó por el camino la petición para investigar el descontrol en los fondos públicos que se destinaron a la visita del Papa a Valencia, una pieza vinculada al caso Gürtel; el coste de la contrata privada de las resonancias magnéticas con un gasto de 767 millones, según la oposición, hasta 2018; los alrededor de 7,2 millones en propaganda de la fundación Agua y Progreso; o las contratas del Consell con empresas, como las de la familia de Juan Cotino, que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas. Nada de eso, por decisión del PP, se investigará en las Cortes.
