El TSJ de Murcia ya ha solicitado a las Cortes Valencianas la correspondiente certificación para ratificar la condición de diputado y, por tanto, de aforado del socialista Ángel Luna, vicepresidente del hemiciclo autonómico. Apenas 24 horas después de que este periódico desvelara la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir la imputación de Luna en el marco de una investigación urbanística en Cartagena que se remonta a hace una década cuando el exalcalde de Alicante trabajaba para la promotora Hansa Urbana, el alto tribunal murciano se dirigió ayer a las Cortes para iniciar un trámite que, en ese supuesto, desembocaría en la llegada del caso a Valencia dada la condición de diputado autonómico del que fuera primer edil alicantino y en una eventual imputación del exsíndic parlamentario del PSPV.

Una vez que la certificación parlamentaria llegue a Murcia, el instructor del procedimiento, el magistrado Manuel Abadía, tendrá que decidir los términos en los que remite, al menos la parte que afecta a Luna, al alto tribunal valenciano. El TSJ de la Comunidad deberá nombrar un ponente y, con posterioridad, acabar resolviendo sobre la competencia del caso. En un principio, el magistrado Abadía había aceptado hace unos días la petición de Anticorrupción de imputar a Ángel Luna pero, sin embargo, la suspendió 24 horas después al darse cuenta de que, efectivamente, ocupaba un escaño en las Cortes.

Este procedimiento en el que, por ahora, está imputado el consejero murciano Antonio Cerdá junto a asesores y otros cargos del PP está relacionado con la reclasificación de terrenos ligados a un espacio protegido para el proyecto de «Novo Carthago», para cuyo desarrollo se interesó la promotora alicantina Hansa Urbana. Precisamente, Ángel Luna llegó a la citada empresa como asesor jurídico en 2002, cuando el plan urbanístico ya se estaba tramitando. Y se marchó en 2005, fecha en la que no se había puesto ni siquiera en marcha. Dos años más tarde, el exprimer edil alicantino volvió a la política activa en la candidatura autonómica del PSPV de la mano de Ignasi Pla. El macroplán preveía la construcción, en término de Cartagena y cerca de Mar Menor, de 3.000 viviendas, dos hoteles de lujo y dos campos de golf. La tramitación del expediente implicaba, en último término, la mencionada reclasificación de terrenos ubicados en un espacio protegido de saladares.

Precisamente, las únicas referencias que figuran en el sumario de tres tomos al diputado del PSPV lo sitúan en conversaciones entre dirigentes de Murcia y la mercantil para abordar los cambios en el plan de ordenación de la zona protegida en la que se iban a asentar parte de las obras. La exasesora de la consejería murciana de Medio Ambiente, María Antonieta Fernández, tanto en su declaración ante la Fiscalía como ante el juez, apunta a Luna por su participación en esos contactos recordando, incluso, que fue alcalde socialista en Alicante. El consejero Antonio Cerdá entonces titular de Medio Ambiente, hoy de Agricultura y Agua y hombre de confianza de Ramón Luis Valcárcel, por su parte, en su declaración, contestó a dos preguntas sobre Luna. A la primera, efectivamente, también dijo que el diputado socialista habría participado en las reuniones. A la segunda, por contra, dijo no recordar.

El propio Ángel Luna, que sigue convencido de que no tiene ninguna responsabilidad, estuvo ayer en la sede del TSJ de Murcia y de la Fiscalía para conocer el alcance del asunto. Volvió a mostrar su disposición ya por escrito para declarar cuanto antes y notificó la designación como abogado de Virgilio Latorre, representante de la acusación de los socialistas valencianos en Gürtel y ya defendió al parlamentario del PSPV, con éxito, en una denuncia por encubrimiento de un documento bajo secreto de sumario.