Nuevos datos, esta vez en la investigación de Bankia, han vuelto a poner en el punto de mira al presidente de las Cortes, Juan Cotino. En concreto, el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Miguel Crespo, aseguró ayer ante el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la Fiscalía Anticorrupción tiene en sus manos una serie de documentos trasladados por la propia Bankia que prueban la existencia de una quincena de operaciones sospechosas entre las empresas familiares de Cotino y Bancaja. Entre los numerosos créditos concedidos al conglomerado empresarial de la familia del presidente del hemiciclo autonómico destaca uno por valor de 35 millones de euros que fue dirigido a la sociedad Share Capital participada por dos firmas de los Cotino para adquirir viviendas en países de Europa del Este.

El descubrimiento de estas operaciones supuestamente irregulares suma otro problema más para el presidente de las Cortes. De hecho, la legalidad de las actuaciones cometidas por las empresas de los Cotino ya fue puesta en tela de juicio cuando aparecieron, en su día, en los papeles de Luis Bárcenas. En concreto la contabilidad destapaban que el presidente de las Cortes entregó cerca de 200.000 euros a través de Sedesa, la matriz de su entramado empresarial. Su sobrino Vicente Cotino, responsable directo de esta firma, fue imputado a raíz de esta revelación en la trama Gürtel. Un hecho que, pese a ser negado hasta la saciedad por el dirigente popular, le obligó a sentarse, de manera voluntaria, frente a la Comisión del Estatuto del Diputado para aclarar la situación aunque, eso sí, a puerta cerrada.

Otro de sus principales frentes que están en cuestión es su actuación tras el accidente de metro de Valencia en 2006, en el que fallecieron 43 personas. La oposición sostiene que Cotino entonces conseller de Agricultura ofreció trabajo a los familiares de las víctimas a cambio de que guardaran silencio en relación a las irregularidades que se pudieron cometer en la investigación del siniestro. Un asunto que volvió a estallar este verano cuando a finales de julio la Fiscalía pidió la reapertura del caso. Igualmente, la sombra de las adjudicaciones realizadas durante su etapa como conseller de Bienestar Social que podrían favorecer a Sedesa también planea sobre el alto cargo popular.