La expresidenta de las Cortes y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, imputada por cuatro delitos graves a raíz de las adjudicaciones a la trama Gürtel durante su mandato como consellera de Turismo, ha tenido que cambiar de abogado en un macroproceso judicial en el que se enfrenta a penas de once años de cárcel y 34 de inhabilitación. Antonio Moreno, el letrado que hasta ahora defendía a la también diputada autonómica, ha renunciado a la defensa de la que fuera, en época de Francisco Camps al frente del Consell, titular de la cartera de Turismo.
Cuestiones económicas se perfilan como el principal detonante de la decisión de Moreno de no seguir con la causa aunque este extremo, apuntado por fuentes próximas tanto al letrado como a la política, no ha sido confirmado ni por Moreno, que únicamente ha corroborado su renuncia, ni por Martínez quien, a preguntas de este diario, sólo descartó que el abandono del hasta hace unas semanas su abogado se deba a desavenencias entre ambos. La regidora popular restó importancia al hecho de que haya tenido que recurrir a nuevos letrados a estas alturas del procedimiento (a menos de un mes de que expirara el plazo para presentar el escrito de defensa, que concluyó el martes pasado con la negativa del instructor de ampliarlo en diez días por el cambio de letrados y dado el volumen del procedimiento) y recalcó que lo único que ha hecho ha sido designar a letrados de su confianza: Vicente Amorós, un amigo de Novelda, y un colega de éste, José María López Coig.
Un momento complicado
El cambio de letrado se produce en un momento, coinciden fuentes del PP, muy complicado: en un plazo breve, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) debe fijar fecha para el juicio sobre las contratas del Consell con las empresas de El Bigotes jefe de la red corrupta en Valencia para organizar los stands de la Comunidad en Fitur.
No se trata ni para la propia Milagrosa Martínez expresidenta también de las Cortes ni tampoco para la cúpula del PP, de una cuestión menor. Este procedimiento, uno de los seis vinculados a Gürtel que se investigan en el alto tribunal valenciano, es el primero, de cumplirse los plazos y las previsiones manejadas por la cúpula popular, que llegaría a juicio de todos los que, actualmente, están en instrucción y que ponen en cuestión la gestión del PP, fundamentalmente, durante la época en la que Camps ocupó el Palau de la Generalitat.
De los tres políticos la propia Milagrosa Martínez, su sucesora Angélica Such y Vicente Rambla que figuran como imputados en ese procedimiento, la expresidenta de las Cortes es la que está en una tesitura más difícil. Que se agrava ahora, cambiando defensor a las puertas del juicio.
El instructor de este proceso, el magistrado José Francisco Ceres, decidió enviar al banquillo a la primera edil de Novelda por los delitos de prevaricación, malversación y fraude, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía solicita para ella once años de prisión y 34 de inhabilitación. La acusación contra Angélica Such se ha quedado en nueve años de inhabilitación. A Rambla, vicepresidente en su día con Camps, lo exculpa. A la exconsellera de Turismo, además, el juez le impuso una fianza de 636.500 euros, un aval no consignado hasta ayer, cuando expiraba el plazo para hacerlo, lo que lleva al TSJ a iniciar el proceso para proceder al embargo de los bienes con los que hacer frente a este medida. Ninguno de los imputados en esta causa han atendido este requerimiento.
Sin ayuda del PP
La también diputada pidió al PP ayuda para afrontar el proceso judicial. La cúpula popular, sin embargo, se la negó. No quiere aparecer vinculada a la defensa de ninguno de los imputados. Un veto que, a día de hoy, no se ha levantado y que ha llevado a la expresidenta de las Cortes, espoleada por las dificultades económicas, a poner su defensa en manos de nuevos letrados que no sólo desconocían un procedimiento de esta envergadura sino que apenas disponen de tiempo para hacerlo antes de que se celebre la vista oral, el próximo paso de un proceso en el que la política popular se juega entrar o no en prisión.
