Las decisiones judiciales sobre los casos de corrupción que azotan al PP de norte a sur de la Comunidad han terminado por arruinar no sólo el discurso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sino también la estrategia marcada para el inicio del curso político. Apenas 48 horas después de la vuelta oficial de las vacaciones de verano, la agenda política valenciana vuelve a estar completamente mediatizada, a pesar de los esfuerzos de Fabra y de la cúpula popular, por las investigaciones abiertas contra el PP en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que, en su mayoría, suponen poner en tela de juicio la gestión de la Generalitat durante la última década. Un escenario que enfanga todavía más a Fabra, justo cuando hoy empieza a desembarcar en la Comunidad la plana mayor de Génova, con Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal a la cabeza, para inaugurar una etapa política que ofrece señales negativas para el PP.

En las filas populares y en el núcleo duro del Consell se temía un arranque del curso político con turbulencias. Y, finalmente, ese escenario se ha reproducido. Todo ha empezado como acabó el mes de julio. A Fabra le persiguen los casos de corrupción del pasado. No puede con ellos. Los efectos de la trama de Cooperación se daban por descontados en el sanedrín del PP una vez que se conoció el durísimo informe de la Abogacía de la Generalitat y que Rafael Blasco decidió abandonar la disciplina popular un minuto antes de que le expulsaran del grupo en las Cortes. A nadie ha sorprendido, por tanto, la decisión de la magistrada Pía Calderón, instructora del sumario en el TSJ, de sentar en el banquillo a Blasco por el supuesto fraude en el reparto de las ayudas al Tercer Mundo durante su etapa de conseller de Solidaridad con Francisco Camps al mando del Palau de la Generalitat.

Hay verdadero temor, no obstante, al impacto mediático de la trama Nóos, cuya investigación podía acabar por completo en Valencia en el caso de que, finalmente, Francisco Camps expresidente de la Generalitat y ahora diputado en las Cortes; y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y pieza clave en la estabilidad del PP, acaben también imputados. Sería una «patata caliente» muy complicada para Fabra. La trama Nóos, con un miembro de la Casa Real Iñaki Urdangarin como protagonista, tiene un efecto mediático enorme que excede a la información política y judicial. En el Consell, apuntaron las fuentes consultadas, confían, sin embargo, en que, finalmente, no se produzca una imputación de Barberá, una decisión que pondría en jaque a las tres capitales de provincia. Y que, en último extremo, las indagaciones sobre los negocios de Urdangarin en la Comunidad se limiten a Camps, al que como a Blasco se da por amortizado. De lo contrario, la investigación de Nóos acapararía una cantidad de focos que agravarían aún más, si cabe, el deterioro de la marca PP.

Aún hay más. En la sala de mando popular están convencidos que, de inmediato, los tribunales tomarán nuevas decisiones sobre la pieza de la trama Gürtel que investiga adjudicaciones de la conselleria de Turismo a El Bigotes, el jefe de la red en Valencia. Y eso significar fijar la fecha de juicio para un sumario en el que la Fiscalía pide once años de prisión y más de treinta de inhabilitación para Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda y que fuera primera consellera de Turismo de Camps. En el PP son conscientes, por tanto, de que en el momento que se agrave la situación judicial de la también diputada autonómica, se tendrán que tomar medidas. Fuentes populares admitieron que ese escenario se tendrá que «replantear» una vez que se fije fecha a ese juicio, que podría ser el primero en celebrarse de todos los que afectan a la gestión de la administración autonómica.

Así que Fabra había diseñado un arranque del curso político centrado, de un lado, en «vender» una cierta mejoría macroeconómica pero que, por ahora, no se aprecia en la calle; y, de otro, con continuar azuzando el fantasma de un hipotético «tripartito» vinculándolo además a la entrada en las comarcas de Castellón de la cadena humana con la que Cataluña reclamará su independencia, un argumento en el que se está empleando a fondo Serafín Castellano, número dos de Fabra en el PP. Lo cierto, sin embargo, es que sólo se habla, en contra de la estrategia que habían diseñado los populares, de los casos de corrupción que lastran a la formación cuando ya afrontamos la segunda mitad de la legislatura autonómica y cuando el PP se muestra incapaz de enderezar unas encuestas que le vaticinan un fuerte retroceso en la Comunidad.

Y para acabar de ligar la salsa, las complicaciones judiciales con las que Fabra está lidiando se producen justo cuando la plana mayor del PP, con la única excepción de Mariano Rajoy, desembarca entre hoy y el próximo sábado en Gandía. Entre un vendaval de corrupción en la Comunidad y con el caso Bárcenas planeando sobre los populares, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abrirá unas jornadas en las que también participarán tres ministros Fátima Báñez, Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro; el p0rtavoz parlamentario Alfonso Alonso; los tres vicesecretarios Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons; y De Cospedal para la clausura junto a Alberto Fabra. Será difícil que se libren del debate de la corrupción.