Rafael Blasco ya está en capilla. El único dirigente político valenciano que había formado parte de todos los gobiernos autonómicos desde la Transición -milito desde la extrema izquierda al PP pasando por las filas socialistas- se sentará en el banquillo por el supuesto fraude en el reparto de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo durante su etapa en la extinta conselleria de Solidaridad con Francisco Camps como presidente de la Generalitat. El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), sin posibilidad de recurso y pendiente sólo de fijar la fecha para celebrar la vista, se refiere a la primera de las dos piezas que instruye la magistrada Pía Calderón vinculadas al llamado caso Cooperación y considera que hay suficientes indicios de «criminalidad» para juzgar a Blasco -todavía aforado como diputado en las Cortes pero ya fuera del PP- y otras ocho personas, entre ellas, dos exaltos cargos -Josep Maria Felip y Alexandre Catalá- destituídos en su día por Alberto Fabra; funcionarios públicos; y Augusto César Tauroni, el empresario ahora encarcelado y considerado como el «cerebro» de la trama corrupta.
En una resolución de 62 páginas, la instructora deja pocos resquicios para la duda. No existe, dice, ningún motivo para impedir que este sumario llegue a juicio. Todo lo contrario. «Desde luego, de lo actuado y reflejado en los escritos presentados por las distintas partes acusadoras -señala de forma textual la magistrada- no se desprende que el factum investigado carezca de manera incuestionable de esa trascendencia penal que daría lugar a la terminación del proceso, sin juicio y con resolución con efectos de cosa juzgada, y tampoco se deduce que la perpetración de los delitos o la participación de los acusados en ellos esté falta de la suficiente justificación o motivación. En absoluto», relata la instructora en su auto para, a continuación, remachar: «Por este magistrado (...) se estimó y continúa estimándose que los hechos pueden ser constitutivos de delito y que existen además suficientes indicios racionales de criminalidad».
Este procedimiento -iniciado en su día a partir de una denuncia de la parlamentaria socialista Clara Tirado y que, sin contar los trajes de Gürtel, sería de los primeros, junto a la pieza de las contratas de Fitur, que llega a juicio, de todos los que instruye el TSJ sobre irregularidades en la gestión de la Generalitat durante los gobiernos del PP- investiga los presuntos delitos cometidos durante la concesión en 2008 de subvenciones del Consell a una fundación autodenominada Cyes -nada que ver con la constructora- por 1,8 millones para desarrollar una serie de proyectos humanitarios en Nicaragua. Pero el dinero dedicado a los pobres se quedó, según la versión que recoge el auto, por el camino. Cerca de 900.000 euros se dedicaron a operaciones inmobiliarias de compra de pisos en Valencia; y casi medio millón más fue a parar directamente a mercantiles del empresario que manejaba la trama. Finalmente, tal y como alertó una becaria, a la población nicaragüense que debía contar con la subvención llegaron sólo 43.000 euros, apenas un 3% del total de la subvención prevista.
El relato de la magistrada Pía Calderón, casi calcado al del auto que rubricó el pasado mes de mayo y con el que se cerraba la instrucción, considera que Rafael Blasco, entonces conseller del PP, tuvo una participación directa en las maniobras para realizar el reparto de los fondos. Habría manipulado la «voluntad» de los miembros de la comisión técnica encargada de emitir el dictamen con la concesión del dinero a Cyes, cuyo presidente también está imputado. La resolución, de hecho, considera que la operación administrativa para refrendar la «arbitrariedad» se hizo con la «intermediación» del citado Tauroni pero también con el «conocimiento» y la «participación» del propio Blasco, entonces conseller de Solidaridad con el Ejecutivo que presidía Camps. Posteriormente, el entonces dirigente del PP habría intentado, además, ocultar las principales pruebas.
De acuerdo con el auto que sienta en el banquillo a Rafael Blasco, los hechos que se relatan podrían ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, con penas, según el caso, de cárcel e inhabilitación. A Blasco, en concreto, se le acusa de cometer los supuestos delitos de tráfico de influencias, uno de prevaricación, otro de malversación y, finalmente, uno de inducción a la falsedad. Como se recordará, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Blasco 14 años de prisión y 33 de inhabilitación; los socialistas, que ejercen la acusación popular, piden para el exconseller otros 15 años de cárcel; y, finalmente, la propia Abogacía de la Generalitat, personada en el sumario ante la alarma que ha generado la instrucción y el supuesto quebranto de los fondos de sus arcas públicas, solicita 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller y antiguo síndic del PP en las Cortes Valencianas. Además, en la resolución judicial, la magistrada autoriza la apertura de piezas separadas para determinar la responsabilidad económica que se ha podido generar en el supuesto fraude y, de esa manera, decidir, llegado el momento, sobre la posibilidad de tener que decretar también, en el marco de una sentencia, una sanción económica. La oposición salió a degüello y reclamó, de inmediato, la dimisión de Blasco como diputado en las Cortes. Compromís, cuya parlamentaria Mireia Mollá tambien ha aportado abundante documentación acompañando a otra denuncia sobre este tema; y EU dejaron claro que, en estos momentos, el exconseller debe retirarse del hemiciclo de inmediato.
Como se recordará, Rafael Blasco abandonó hace más de un año la portavocía del PP en las Cortes, su último gran cargo político, acorralado por las revelaciones del caso Cooperación. Cuando se conoció el el cierre de la investigación judicial y el informe de la Abogacía de la Generalitat, Fabra fue amagando con echar a Blasco del PP hasta que, después de unas polémicas declaraciones, fue suspendido de militancia el 22 de junio e inhabilitado para cargos públicos en ese partido. Justo antes de que lo expulsaran del grupo popular en las Cortes, Blasco optó por marcharse para mantener sillón, sueldo y protección como aforado en el grupo de no adscritos. Ahora se enfrenta a un proceso que podría dar carpetazo a tres polémicas décadas de carrera política.
Otro varapalo judicial para los populares en apenas 48 horas
En apenas 48 horas, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha sufrido dos varapalos judiciales: la petición de la Fiscalía al TSJ para que impute a Francisco Camps y Rita Barberá por los negocios de Urdangarin en la Comunidad y ayer mismo la decisión de la magistrada Pía Calderón de sentar en el banquillo a Rafael Blasco, exconseller y antiguo dirigente del PP, por el supuesto fraude de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo. La preocupación se extendió ayer entre los notables populares: este arranque de curso rompe por completo el discurso de Alberto Fabra, limita el margen de maniobra del Consell y deteriora más las siglas dell PP. Una inercia negativa, apuntan, muy difícil de cambiar. P. r. f.
