El Tribunal de Cuentas certifica el descontrol en el reparto de ayudas del Consell en la etapa de Camps

El órgano fiscalizador acredita que la Generalitat esconde algunas subvenciones que concede y pasa por alto las irregularidades que cometen las empresas y colectivos que reciben dinero público El Ejecutivo tampoco comprueba que los beneficiarios estén al corriente de sus pagos con la Seguridad Social

25.08.2013 | 00:12

Todos los años lo advierte la Sindicatura de Comptes y ahora lo acaba de certificar el Tribunal de Cuentas. El proceso de reparto de subvenciones del Consell a empresas y colectivos sociales está repleto de «deficiencias». En un extenso informe de 352 páginas recién publicado, el órgano fiscalizador analiza al detalle las cuentas del sector público autonómico de 2008 y 2009, y llega a la conclusión de que la Comunidad Valenciana tiene mucho que mejorar. Especialmente, a la hora de conceder ayudas públicas. En esos dos años, con Francisco Camps al frente de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas halló hasta ocho irregularidades tras analizar una muestra de expedientes. Algunas de ellas de calado. En primer lugar, el órgano estatal denuncia la opacidad que envuelve determinadas líneas de ayudas. «No consta la publicidad de las subvenciones concedidas», reza el documento.
El descontrol en el reparto de los fondos es evidente en dos apartados. En primer lugar, porque en los expedientes que obran en poder del Tribunal faltan documentos de todo tipo. Y no precisamente en casos aislados. «En la mayoría de los expedientes revisados falta alguna documentación que debe acompañar la solicitud, tal como el plan de actuación, la memoria de actividades y las tarifas de precios», añade el informe. El segundo aspecto que denota errores en la fiscalización es el incumplimiento de la ley estatal que regula la concesión de las subvenciones. «No ha quedado debidamente acreditada en cuatro de los expedientes revisados la justificación de petición de tres ofertas prevista en la Orden de la convocatoria y en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones», apostilla el texto.
Esa norma, actualizada en 2008, obliga a los colectivos que reciben subvenciones a solicitar hasta tres presupuestos diferentes si van a utilizar el dinero público para la ejecución de una obra (siempre que supere los 30.000 euros) o para adquirir bienes o recibir servicios de empresas de consultoría (más de 12.000). Muchas no lo han hecho y el Consell lo ha obviado, según se desprende del informe.
La ristra de «deficiencias» va más allá. El Consell, por ejemplo, no siempre comprueba que los beneficiarios de las ayudas no arrastren deudas con Hacienda. «En algunos expedientes revisados no consta la comprobación de que la entidad subvencionada se halle al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social», detalla el escrito.
Y, cómo no, aparecen ya los retrasos en los pagos. Y eso, que por esas fechas la situación económica del Consell no era, ni de lejos, tan dramática como la actual. «Se producen retrasos en la contabilización de las anualidades previstas en cuatro de los expedientes analizados», explicita el informe. Y añade: «En la convocatoria de 2006 se han superado los plazos previstos para la emisión de las actas de la comisión evaluadora y de resolución de concesión».
Recomendación
En 2008 y 2009, los años que abarca el informe, la Comunidad carecía de una norma específica que regulara la concesión de ayudas, según detalla el documento del Tribunal de Cuentas: «En la Comunidad Valenciana no existen, con carácter general, unas normas adaptadas a la Ley y Reglamento de subvenciones». Esas normas servirían para regular la gestión, contabilización, ejecución y seguimiento de todos los expedientes. «Deberían dictarse unas normas generales», recomienda el órgano fiscalizador. Además censura que el Consell no especifique el porcentaje de subvenciones nominativas que concedió durante esos dos años.

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