Los recortes del Gobierno han vuelto a golpear a uno de los sectores más débiles de la sociedad, el que aglutina a los mayores y los dependientes. Esta vez el turno le ha tocado a los cuidadores no profesionales de estos colectivos. Las duras medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo central llevaron hace aproximadamente un año al Ministerio de Sanidad a suprimir la partida dirigida a cubrir los gastos derivados del pago de cuotas a la Seguridad Social. Hasta ese momento, el régimen especial para cuidadores de dependientes creado a raíz de la aplicación de la Ley de Dependencia aseguraba a estos trabajadores la gran mayoría mujeres su cotización. Las consecuencias no han tardado en llegar. De hecho, los datos aportados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo socialista revelan que un total de 5.352 cuidadores en la provincia de Alicante dejaron de cotizar entre octubre de 2012 y marzo de 2013.

Tan solo 655 cuidadores han podido mantener el pago de su cuota a la Seguridad Social. Una minucia si se compara con los 6.007 trabajadores dados de alta en el último trimestre del anterior ejercicio. La cuantía de esta suscripción ronda los 150 euros como mínimo. Una cifra a la que, en muchos casos, los cuidadores no pueden hacer frente y que, incluso, puede llegar a lastrar sus mermados ingresos. La medida, que tiene como fin ahorrar a toda costa, fue puesta en marcha de manera gradual. A partir del 1 de septiembre del pasado año los cuidadores con convenio en vigor se vieron obligados a pagar el 85% de la cuota mientras que el resto todavía lo asumía el Gobierno. Pero a partir de enero de 2013 todos, nuevos y antiguos convenios, debían hacer frente al 100% de la cuota, teniendo en cuenta que la suscripción es voluntaria. Los cuidadores podrán continuar trabajando pero sin que esto aparezca reflejado en ninguna lista oficial. Una «trampa» y muy sutil, según el PSOE.

La plataforma por la Ley de Dependencia criticó duramente este nuevo recorte y lo tachó como un retroceso para las mujeres que son las que generalmente llevan a cabo esta actividad. Ellas son las que tradicionalmente se han ocupado de mayores y dependientes, tal y como reflejan las estadísticas. Por ello, la nueva normativa deja en una situación de desprotección a las responsables de estos servicios. «Es una cuestión de ideología», denunciaron desde la asociación, a la vez que argumentaron que los populares pretenden que la mujer siga en casa mientras cuida a los ancianos y a los dependientes, cerrándole las puertas a disponer de una vida laboral.

La supresión de esta partida ha puesto de manifiesto, una vez más, los escasos efectos positivos que la implantación de la Ley de Dependencia ha tenido en la Comunidad Valenciana. En este sentido, desde la asociación que defiende al colectivo se denunció que tanto el Consell como el Gobierno central «no han querido desarrollar el plan». «Se han ocupado de boicotearlo desde el principio», señalaron. Hay que tener en cuenta que tanto dependientes como mayores han sufrido reiteradamente los impagos de la Generalitat y han visto cómo, poco a poco, iban menguando las subvenciones que se les habían prometido, como las dirigidas a financiar el arreglo de la vivienda o a sufragar los gastos de sus cuidados médicos.