El TSJ pregunta a la Fiscalía si investiga a Castellano y le abre otra causa a Blasco

El Ministerio Público tendrá que pronunciarse en cinco días sobre la denuncia de una asociación contra el número 2 de Fabra

31.07.2013 | 08:41
Serafín Castellano.
Serafín Castellano.

Un particular se querella contra el exsíndic por una gestión de su etapa en Urbanismo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictó ayer dos providencias a través de las cuales solicita a la Fiscalía que, en un plazo de cinco días, se pronuncie sobre la competencia de dicho órgano judicial para abrir un proceso por sendas querellas interpuestas contra el exportavoz popular en las Cortes y actualmente diputado en el grupo de los no adscritos, Rafael Blasco, por una gestión de su etapa en Urbanismo con Francisco Camps; y contra el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, por sus adjudicaciones a la empresa de un amigo íntimo.

Tal y como viene estipulado en las dos providencias dictadas por el TSJ, en ambos casos será la Fiscalía la que tendrá que analizar la competencia del máximo órgano judicial de la Comunidad debido a la condición de aforados de los dos. «La necesidad de concreción de los hechos respecto de las personas aforadas, se acuerda dar audiencia al Ministerio Fiscal a efectos de competencia en el plazo de cinco días», recoge el documento judicial.

La situación del número dos de Fabra en el escalafón del PP y la de Blasco es diferente. Con esta petición se avanza un paso más hacia la posible imputación de Castellano. Ya, de hecho, el TSJ solicitó a las Cortes el certificado de aforamiento del conseller. Una circunstancia que le pondría en un brete de acuerdo a la «línea roja» contra los imputados marcada por Fabra. En la querella, la autodenominada Asociación Valenciana contra la Corrupción le acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos, negocios y actividades prohibidas a los funcionarios así como abusos en el ejercicio de su función en relación a las adjudicaciones que estableció con su «amigo», el empresario José Miguel Pérez Taroncher, también denunciado en dicho documento. Todavía no ha aclarado si dimitirá o no en caso de ser imputado. Sus partidarios llevan semanas, desde la última reunión del comité ejecutivo regional, presionando para que Fabra relaje su presión contra los imputados. Pero el jefe del Consell ya ha advertido que será inflexible en el caso de que detrás de la imputación haya una investigación judicial.

A Blasco, por su parte, le ha salpicado una nueva causa después de su imputación en el caso Cooperación en el que se investiga el desvío de fondos públicos desde la extinta consellería de Solidaridad. Su implicación en esta trama lo apartó, inicialmente, de su cargo como portavoz del PP en las Cortes y, finalmente, se saldó con su salida de la bancada popular. En la actualidad, es diputado en el grupo de los no adscritos porque, a pesar de los hechos, se negó a renunciar a su acta como parlamentario. Esta nueva causa -desconocida hasta ayer-le pondría en una situación todavía más complicada. Prevaricación , delito sobre la ordenación del territorio y tráfico de influencias son algunos de los hechos que figuran en la denuncia contra el exconseller por la firma de una de las licencias necesarias para la apertura de un salón de banquetes gracias a una declaración de Interés Comunitario denunciada por un particular.

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