La causa Bárcenas que instruye el juez Pablo Ruz se valencianiza conforme el imputado y encarcelado extesorero del PP ha ido revelando los donativos al partido, presuntamente en metálico y de serie B, entregados por empresarios contratistas de obra pública. Los socialistas valencianos incorporarán al sumario de la Audiencia Nacional todos los contratos otorgados por el Consell al grupo Sedesa -propiedad de la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino- por más de 830 millones, con especial énfasis en cuatro expedientes bajo sospecha que suman un total de 13,7 millones.

Las adjudicaciones fueron escondidas a la oposición hasta que finalmente se pusieron a disposición del diputado Francesc Signes, quien las revisó durante un mes e hizo copia de los documentos. Pese a ser la segunda oferta mejor puntuada, Sedesa se llevó la obra por 2.42 millones en detrimento de la constructora Pavasal, que obtuvo la mejor baremación. En uno de los casos, el grupo presidido por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del actual presidente de las Cortes, fue supuestamente favorecido por la Generalitat no por lo que hizo, sino por lo que cobró por retirarse. La Conselleria de Sanidad indemnizó con 336.380 euros a Sedesa Concesiones por la ruptura de mutuo acuerdo del contrato de construcción y explotación del aparcamiento de 600 plazas para un hospital de Valencia. Además, la empresa y la Conselleria adoptaron la decisión de romper bilateralmente el contrato firmado sin haber tramitado el oportuno expediente.

Es exactamente la cantidad que reconoció el conseller de Sanidad en la resolución oficial del acuerdo, dictada el 27 de abril de 2009. En contra del criterio de los letrados de la Generalitat, se llegaron a considerar, a la hora de fijar la compensación, conceptos como los «gastos de redacción del proyecto de ejecución (205.868 euros), los horarios de licencia, gastos de publicación, gastos por constitución de garantías, por direcciones de proyecto y estudio de obras» y hasta «gastos generales».La empresa y la Conselleria de Sanidad adoptaron, además, la decisión de romper bilateralmente el contrato firmado sin haber tramitado el oportuno expediente. Otra irregularidad, según denuncian los socialistas.